La Corte Suprema autorizó la cancelación del parole humanitario para Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua
Según CNN, la decisión de emergencia de la Corte no es definitiva (el caso legal continuará en tribunales inferiores), la orden permitirá acelerar las deportaciones de aquellos que se habían beneficiado previamente del programa.

Más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema autorizara la cancelación del programa de “parole” humanitario que les permitía vivir y trabajar legalmente en el país de forma temporal.
La decisión, tomada no incluyó una argumentación escrita, y fue en respuesta a una apelación de emergencia presentada por la administración de Donald Trump. El fallo permite avanzar con la revocación del programa mientras continúan los litigios en tribunales menores. Dos juezas liberales, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, votaron en contra. Jackson advirtió que el tribunal “subestimó las consecuencias devastadoras” de permitir una cancelación apresurada, dejando a cientos de miles de personas en peligro de deportación.
El programa en cuestión fue creado en 2022 por el gobierno de Joe Biden y ampliado en 2023. Permitía a ciudadanos de los cuatro países ingresar legalmente a EE. UU. por un período de dos años, siempre que contaran con un patrocinador financiero y pasaran controles de seguridad. Según cifras dadas a conocer por The New York Times más de 530.000 personas se beneficiaron del programa, que buscaba ofrecer una alternativa segura a la migración irregular en medio de las crisis humanitarias que afectan a esas naciones.
Con el regreso de Trump a la presidencia, su gobierno firmó en enero una orden ejecutiva para poner fin a todos los programas de “parole” categóricos. En marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la revocación de los permisos y el acortamiento de los plazos de estadía.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han expresado preocupación por el impacto humano de la decisión. Mientras tanto, los afectados quedan en un limbo legal, con la amenaza de deportación a la espera de una resolución definitiva de los tribunales.
Con información de CNN
