La nueva política de EUA contra el llamado “turismo de nacimiento” ysus efectos en México (segunda entrega)

Hace unos días conversábamos sobre los primero efectos de la Orden Ejecutiva 14419, Ending Birth Tourism (“Poner fin al turismo de nacimiento”) firmada por Donald Trump a inicios de agosto, que entre otros, al no haber claridad de la aplicación, familias transfronterizas con hijas e hijos nacidos años atrás en Estados Unidos se enfrentan a la posibilidad de perder sus visas, además de poner bajo escutrinio de las autoridades estadounidenses el historial de maternidad de las mujeres.

Aunque la orden está redactada en términos generales y puede afectar tanto a hombres como a mujeres, su aplicación tiene una clara dimensión de género. Para determinar si una mujer ingresó a Estados Unidos con el propósito de tener a su hija o hijo, las
autoridades examinan circunstancias relacionadas con su embarazo, atención prenatal, antecedentes médicos, planes de parto y lugar de nacimiento de sus hijas e hijos.

Mientras algunos hombres han sido afectados por la orden, la investigación del propósito reproductivo se concentra inevitablemente en las mujeres. Esto plantea un trato desigual, aunque una política puede tener efectos diferenciados, en este caso, ellas son sometidas
a una vigilancia especial sobre sus cuerpos y su historial de maternidad. La situación se vuelve especialmente relevante si las autoridades comienzan a utilizar el hecho de haber parido en Estados Unidos como una presunción automática de fraude o de uso indebido
de una visa, sin demostrar cuál fue la intención de la persona al momento de ingresar; intención que como lo explicamos en la entrega anterior, puede ser diversa y alejada del interés por la ciudadanía.

La nueva política ya está generando acciones legales. La American Civil Liberties Union (ACLU) y organizaciones aliadas, entre ellas ACLU de New Hampshire, ACLU de Maine, ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, Legal Defense Fund y Democracy Defenders Fund están litigando contra las nuevas medidas de la administración Trump relacionadas con la ciudadanía por nacimiento. El litigio deberá determinar, entre otras
cosas, hasta dónde pueden llegar el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional al utilizar sus facultades sobre visas y admisión para implementar la nueva política.

El debate no se limita a quienes deliberadamente utilizan una visa para obtener la ciudadanía para sus hijas e hijos. El punto central es definir qué evidencia válida prueba que una persona ingresó a Estados Unidos con esa intención. La diferencia entre una política dirigida contra esquemas comprobados de fraude y una que presume culpabilidad por el solo hecho de que un parto ocurrió en suelo estadounidense es abismal.

La experiencia de Ciudad Juárez constituye uno de los primeros indicadores de los estragos que esta medida puede causar en México. Los reportes de decenas de cancelaciones de visas y el temor generado en las familias muestran que sus efectos pueden extenderse mucho más allá del denominado “turismo de nacimiento”. La norma vulnera la movilidad cotidiana de las comunidades fronterizas y convierte el embarazo y la maternidad de las mujeres en el nuevo filtro de control migratorio.