Así fue como Trump transformó una oficina de refugiados en una maquinaria de deportación de 410 mdd

Tras el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump, la diplomacia estadounidense ha cambiado sus prioridades migratorias mediante la creación de la llamada Oficina de Remigración, una maquinaria que ha invertido al menos 410 millones de dólares en concretar acuerdos con 31 naciones en África y América Latina para que reciban a recibir migrantes deportados que no son ciudadanos de esos países, informó The Wahsington Post.

La Oficina de Remigración depende de los acuerdos con terceros países

Impulsada por órdenes directas de la Casa Blanca, específicamente bajo la influencia del asesor Stephen Miller, la estrategia ha convertido a diplomáticos como Christian Ehrhardt en enviados especiales encargados de negociar vuelos hacia destinos donde los deportados no tienen ningún vínculo previo.

Los arreglos han derivado en vuelos hacia países como Costa Rica con migrantes de diversas nacionalidades, así como acuerdos específicos en el continente africano.

Además, documentos internos consultados por el medio revelan que EE.UU. se ha acercado a 49 naciones africanas, logrando pactos con 13 de ellas y manteniendo negociaciones con otras nueve, superando los 25 mil deportados enviados a al menos 28 terceros países a mediados de año.

Financiamiento y asignación de fondos

Los compromisos financieros varían significativamente según el país receptor, canalizando recursos tanto a gobiernos extranjeros como a organismos internacionales de asistencia humanitaria.

Países como Camerún pactaron recibir hasta mil deportados con 30 millones de dólares asignados a organizaciones vinculadas; la República Democrática del Congo (RDC) acordó recibir hasta 2 mil personas con un compromiso de 75 millones; y Eswatini aceptó un acuerdo por 5.1 millones de dólares para recibir hasta 150 migrantes, incluyendo procedentes de Vietnam, Laos, Cuba y Jamaica.

Del total de 410 millones presupuestados, unos 81 millones representan pagos directos a 13 gobiernos extranjeros, mientras que el resto se canaliza a instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el ACNUR.

La política de deportar a migrantes a terceros países ha sido duramente criticada por organizaciones civiles, pues los migrantes enviados allí no tienen ninguna certeza jurídica y el retorno a sus países se complica en gran medida, algunos extranjeros que han sido víctimas de la Oficina de Remigración han visto imposibilitada el regreso a sus países por la falta de documentos de identidad y dinero, recordemos que no tienen permiso para trabajar en los países que aceptan recibirlos, por lo que sus pocas opciones de retorno se limitan a los programas de la OIM, pero no todas las personas pueden acceder a ellos.

Mientras que la administración Trump defiende la medida argumentando que se enfoca en personas con órdenes de deportación y sin derecho legal a permanecer en el país, la realidad es que se ocupa para expulsar a migrantes que tienen problemas para enviar a sus países, es por ello que el programa enfrenta severos obstáculos jurídicos.

Un tribunal de apelaciones de EE.UU. dictaminó que la política de deportaciones rápidas a terceros países es ilegal si no se garantiza a los migrantes la oportunidad de expresar temores de persecución o tortura, situando a los gobiernos receptores en el centro de un intenso debate sobre el futuro de la política migratoria estadounidense.