Jueza pone freno a ICE; bloquea arrestos migratorios sin orden judicial en el sur de California
El simple hecho de encontrarse en el país de forma irregular no justifica los arrestos sin orden judicial por parte de ICE.
En una victoria legal para todos los migrantes que viven en el sur de California, una corte federal determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no puede continuar con su práctica de realizar arrestos sin orden judicial, informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Dicho fallo forma parte del caso Vasquez Perdomo contra Mullin e impide a la administración Trump continuar arrestar a una persona, para poder detener a una persona primero deberán determinar si existe probabilidad de que la persona se dé a la fuga antes de que se pueda obtener dicha orden.
¿Qué dice la orden que prohíbe los arrestos sin orden judicial de ICE en el sur de California?
La magistrada federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, nominada por la administración de Joe Biden en el Distrito Central de California, determinó que el simple hecho de encontrarse en el país de forma irregular no justifica por sí solo un arresto sin orden previa.
Además, esta orden judicial exige que los agentes documenten minuciosamente la causa probable y evalúen la totalidad de las circunstancias, considerando la probabilidad de que la persona escape antes de poder obtener una orden formal, antes de proceder con cualquier detención.
La medida aplica en los condados de:
- Los Ángeles
- Orange
- Riverside
- San Bernardino
- Ventura
- Santa Barbara
- San Luis Obispo
La demanda que logró esto fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, Public Counsel y organizaciones locales en respuesta a un fuerte incremento en los operativos de control migratorio.
La decisión judicial ha sido celebrada por defensores de los derechos de los inmigrantes y líderes locales, quienes acusan que los arrestos indiscriminados y las prácticas de patrullaje han aterrorizado a las comunidades del área.
Mayra Joachin, abogada sénior de la ACLU, calificó el fallo como una de las decisiones más relevantes para frenar los arrestos ilegales y la separación de familias, adelantando que vigilarán estrictamente el cumplimiento de la orden.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió sus facultades de arresto bajo los estatutos federales vigentes. Jueces en otras jurisdicciones como Oregón, Colorado, Washington, D.C., y el Distrito Este de California han emitido medidas similares, mientras la disputa legal sobre las tácticas de control migratorio sigue su curso en los tribunales del país.
Los demandantes están representados por la ACLU del Sur de California; Public Counsel; el Bufete de Abogados de Stacy Tolchin; la Clínica de Solidaridad para la Justicia Racial y de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la UC Irvine; NDLON; Munger, Tolles & Olson LLP; las Fundaciones de la ACLU del Norte de California y de los condados de San Diego e Imperial; Hecker Fink LLP; Martinez Aguilasocho Law, Inc.; CHIRLA e ImmDef.
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