Lo que inició como una llamada al 911 terminó en un arresto de ICE

Lo que comenzó como una llamada de auxilio al 911 terminó en un arresto violento y un proceso de deportación. Eso fue lo que le ocurrió a Axel Sánchez Toledo, residente del condado de Palm Beach, Florida, quien el pasado mes de diciembre llamó a las autoridades para una “verificación de bienestar” para su hija de 4 años, sin embargo, en lugar de recibir apoyo, terminó siendo tacleado, electrocutado con un taser y entregado a las autoridades migratorias por los mismos agentes que acudieron a su llamado.

Este caso, documentado por The Marshall Project y el Miami Herald, expone una tendencia creciente en Estados Unidos, la transformación de la policía local en un brazo operativo de ICE, incluso cuando interactúan con víctimas de delitos o ciudadanos que buscan protección.

¿Cómo es que el migrante fue detenido después de llamar al 911?

De acuerdo con los medios, el arresto Sánchez Toledo fue ejecutado con base en el acuerdo 287(g), firmado por la Oficina del Sheriff de Palm Beach (PBSO). Este acuerdo permite a oficiales locales ejercer funciones de agentes de inmigración federales.

Hasta mayo de 2026, el programa 287 (g):

• Tiene convenios con mil 100 agencias de seguridad en todo el país, con una concentración masiva en los estados del sur.
• El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha pagado casi 1 millón de dólares a la oficina del Sheriff de Palm Beach en reembolsos e incentivos relacionados con inmigración desde que se firmó el acuerdo.
• Aunque solo 150 de los mil 500 oficiales de la agencia están delegados para realizar arrestos migratorios, detienen a un promedio de 60 inmigrantes por mes.

El Sheriff de Palm Beach, el demócrata Ric Bradshaw ha insistido públicamente en que el objetivo del programa son los “tipos malos” involucrados en pandillas y narcotráfico.

Sin embargo, entre los registros de arrestos destacan casos como el de Ramon y Elsy, una pareja que colaboró con la policía para encarcelar a un tirador años atrás. Ramon fue detenido en diciembre tras un accidente de tráfico menor mientras llevaba a su hijo a la escuela, a pesar de tener un trámite de visa U (para víctimas de crímenes) en curso.

Empleados de restaurantes que reportaron robos y madres que pidieron ayuda con sus hijos han terminado bajo custodia de ICE tras contactar a la autoridad. Esta semana un informe de la Cámara de Representantes detalló como este tipo de acciones sólo ayudan a los criminales a permanecer en la impunidad y pone en riesgo a la comunidad migrante de ser víctimas de delitos.

Incluso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) criticó a las autoridades por su actuar, argumentando que estas acciones ponen en riesgo a todos.

Falta de supervisión y tácticas brutales, una táctica común del programa 287 (g)

Durante la primera administración de Trump y en este segundo mandato, se han reportado cambios críticos:

• Capacitación reducida: El entrenamiento para los oficiales locales delegados es ahora más corto que en administraciones pasadas.
• No hay supervisión: El DHS prácticamente eliminó su oficina interna de derechos y libertades civiles, dejando al programa 287(g) con una supervisión mínima.
• Cargos por “resistencia”: Abogados defensores señalan un aumento en los cargos de “resistencia al arresto” cuando las personas intentan huir al identificar a los agentes, lo que sirve como un puente legal para facilitar la transferencia a ICE.

El caso de de Axel Sánchez Toledo concluyó de manera amarga, para que la fiscalía retirara los cargos de resistencia al arresto, Axel tuvo que escribir una carta de disculpa al oficial que lo detuvo y lo separó de su familia.

A pesar de cumplir con este requisito y de que los cargos fueron desestimados, Axel fue recogido por ICE el pasado 1 de mayo y permanece en un centro de detención a la espera de ser deportado a Honduras. No ha hablado con su hija desde el día que llamó al 911 para saber si ella estaba bien.