Solo el 2% de personas que USA busca deportar han cometido delitos

Según el último reporte del TRAC de la Universidad de Syracuse, la mayoría de las personas que el gobierno de Estados Unidos busca deportar no han cometido delitos.

El informe correspondiente a febrero de 2026 detalla que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo presentó cargos por actividad delictiva en el 2% de los nuevos casos. De las miles de Notificaciones de Comparecencia (NTA) emitidas, apenas 741 expedientes mencionaban antecedentes penales o comportamiento criminal.

El 98% de los casos restantes corresponden a infracciones estrictamente migratorias, tales como:

• Ingreso al país sin inspección.
• Permanencia con una visa vencida.
• Violaciones administrativas de estatus.

Una tendencia a la baja en la “prioridad criminal”

A pesar de la retórica política que vincula la inmigración con el aumento de la criminalidad, los datos muestran que la persecución de inmigrantes con antecedentes penales ha disminuido. Los 741 casos de este febrero representan una caída frente a los 821 casos registrados en el mismo mes de 2025.

Esta cifra resulta mínima si se compara con el récord histórico de 3.3 millones de casos pendientes que actualmente colapsan el sistema de cortes de inmigración.

Expertos legales señalan que el uso de recursos públicos se está volcando hacia la deportación de personas que ya están integradas en sus comunidades y cuya única falta es su estatus legal.

De acuerdo con un informe del Deportation Data Project, organismo perteneciente a la Universidad de California, en Berkeley, fechados hasta marzo de 2026:

• Arrestos de personas sin condenas: Se dispararon un 770%, un aumento de ocho veces.
• Arrestos en la vía pública: Registraron un incremento superior al 1100%. Estos incluyen detenciones en vecindarios, tribunales y durante citas rutinarias en oficinas de ICE.
• Arrestos totales: Se han cuadruplicado en comparación con periodos anteriores.
• Traslados desde cárceles: Las entregas de migrantes que ya estaban bajo custodia por otros delitos se duplicaron.

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Estos informes ponen de manifiesto que, bajo el marco legal actual, la maquinaria de deportación sigue enfocada en el trabajador común y no en las amenazas a la seguridad pública, como se suele afirmar en los debates electorales.