Más de 13 mil solicitantes de asilo en USA tienen orden de deportación a terceros países

Una nueva directriz en la política migratoria de Estados Unidos está dejando a miles de solicitantes de asilo en un estado de vulnerabilidad jurídica extrema. Según datos revelados por la organización sin fines de lucro Mobile Pathways, más de 13 mil inmigrantes que residían legalmente en el país han recibido órdenes de deportación hacia “terceros países seguros”, destinos con los que la mayoría no posee vínculos personales, culturales o lingüísticos.

El mecanismo de la “pretermisión”

Esta maniobra, conocida legalmente como “pretermisión” de la solicitud de asilo, permite a los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitar el cierre de expedientes sin necesidad de evaluar el fondo de la solicitud original. Bajo esta premisa, el sistema judicial determina que el solicitante puede buscar protección en otra nación socia, invalidando su proceso en territorio estadounidense.

Sin embargo, la realidad operativa dista de la normativa judicial. Aunque las órdenes de expulsión se han multiplicado tras fallos judiciales que favorecen esta práctica, las deportaciones efectivas son mínimas. El observatorio Third Country Deportation Watch estima que menos de 100 personas han sido enviadas realmente a estos destinos, debido a la complejidad de los acuerdos internacionales y la falta de logística aérea.

Más de 13 mil solicitantes de asilo en USA tienen orden de deportación a terceros países

De acuerdo con datos de la organización Mobile Pathways, con sede en San Francisco, más de 13,000 migrantes han sido notificados con órdenes de deportación hacia los llamados “terceros países seguros”, luego de que sus solicitudes de asilo fueran canceladas. Más de la mitad de estos casos están dirigidos a Honduras, Ecuador y Uganda, mientras que el resto se distribuye entre casi treinta países.

En teoría, quienes son enviados a estos destinos pueden volver a solicitar asilo y permanecer allí. Sin embargo, en varios de estos países los sistemas de asilo son limitados o poco funcionales, lo que complica su situación.

Impacto en la estabilidad legal y laboral

El efecto inmediato para estos 13,000 migrantes es el despojo de su estatus legal. Al cancelarse sus procesos de asilo, se desencadenan las siguientes consecuencias:

• Pérdida de permisos de trabajo: La mayoría de los afectados contaba con autorización legal para laborar, la cual queda revocada al finalizar el caso.
• Indefensión jurídica: Al desestimarse el caso, los solicitantes pierden el derecho de presentar sus pruebas de persecución o tortura ante un juez de inmigración.
• Incongruencia geográfica: Se han documentado órdenes de envío a Honduras para ciudadanos de habla uzbeka o francesa, y traslados hacia Uganda que no han podido ejecutarse por falta de coordinación diplomática.

Expertos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) señalan que esta estrategia parece priorizar el desaliento de la migración sobre el debido proceso. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defiende los pactos como “acuerdos bilaterales legales”, las organizaciones civiles denuncian la creación de un “limbo migratorio” donde miles de personas permanecen en el país sin derechos, bajo la amenaza constante de ser enviadas a naciones desconocidas.

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Con información de Telemundo