¿De verdad el DHS dejó de comprar almacenes para convertirlos en cárceles para migrantes?

En respuesta al nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendió temporalmente la adquisición de grandes almacenes destinados a la detención de migrantes, una estrategia que inició a finales de 2025. El motivo de esta decisión es para dar tiempo a Mullin de revisar los contratos y las políticas impulsados por su predecesora, Kristi Noem, quien dejó su puesto a finales de marzo.

Adicionalmente, esta pausa coincide con el rechazo a nivel nacional por las condiciones que enfrentan los migrantes detenidos, así como por el impacto en infraestructuras municipales como sistemas de agua y alcantarillado.

Comprar almacenes para detener migrantes, la estrategia detalla:

Las cifras de los almacenes adquiridos

De acuerdo con el recuento de datos realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización promotora de los derechos humanos, la democracia y la justicia social en Estados Unidos, con base en información de medios como Bloomberg y NBC News, hasta el momento de esta pausa, el gobierno federal ha concretado la compra de 11 almacenes ubicados en estados como:

• Arizona
• Georgia
• Maryland
• Michigan
• Nueva Jersey
• Pensilvania
• Texas
• Utah

A continuación se detallan algunos de los datos de adquisición reportados:

Ubicación	Capacidad estimada (Camas)	Costo de adquisición
Hutchins, Texas	9,500	No especificado
Socorro / Clint, Texas	8,500	No especificado
Social Circle, Georgia	8,500	No especificado
Byhalia, Mississippi	8,500	No especificado
Hagerstown, Maryland	1,500	102 millones de dólares
Surprise, Arizona	1,500	70 millones de dólares
Hamburg / Upper Bern, Pensilvania	No especificada	87.4 millones de dólares

En total, la compra de estos 11 inmuebles ha representado un gasto para el gobierno federal de mil 74 millones de dólares. El plan original heredado por Mullin proyectaba una inversión total de más de 38 mil millones de dólares para alcanzar una capacidad de 92 mil camas mediante la adquisición de grandes centros de detención y centros regionales de procesamiento más pequeños.

Oposición política y comunitaria

La estrategia de convertir antiguos centros de distribución de comercio electrónico en centros de detención ha generado fricciones con líderes de diversas entidades y orientaciones políticas; por un lado, alcaldes, gobernadores y comisionados expresaron frustración al no ser informados sobre las compras en sus jurisdicciones, por otro lado estados como Maryland y Nuevo México han frenado la construcción de prisiones en sus localidades.

Críticas por las condiciones de la población detenida

De acuerdo con los datos recogidos por organizaciones y periodistas sobre la situación actual:

• Para el 25 de enero de 2026, ICE mantenía un récord de 70 mil 766 personas en su sistema de detención (frente a las 39 mil 703 del final de la administración anterior). El 74% de la población detenida no contaba con condenas penales.
• Un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incumplió con evaluaciones médicas en el 57% de los adultos con posibles enfermedades y en el 20% de las personas embarazadas.
• En el centro familiar de Dilley, Texas, el movimiento se detuvo temporalmente tras confirmarse dos casos de sarampión. El lugar alberga cerca de 1,000 padres e hijos y es objeto de constantes denuncias por falta de agua potable y condiciones insalubres.
• En lo que va de 2026, un total de 14 migrantes han muerto mientras estaban en una cárcel de ICE.

Presupuesto de defensa y justicia

En paralelo a estas revisiones, el presidente Donald Trump propuso para el presupuesto de 2027:

• Elevar el gasto de defensa a 1.5 billones de dólares, priorizando inversiones militares por encima de programas internos.
• Mantener los fondos de ICE y utilizar los aumentos previos del DHS para asegurar 100,000 cupos para adultos y 30,000 para familias en centros de detención.
• Eliminar la ayuda para el reasentamiento de refugiados.
• Aumentar en un 13% el financiamiento del Departamento de Justicia para combatir los delitos violentos atribuidos a la criminalidad migrante.