Ciudadanía por nacimiento en USA: qué ha pasado con el decreto de Trump hasta este momento
El 1 de abril se celebraron los alegatos orales ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Trump v. Barbara, para determinar si la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento es constitucional. Trump estuvo presente durante una parte, un detalle inédito, ya que es la primera vez que se conoce que un presidente en ejercicio asiste a los alegatos orales ante el máximo tribunal del país.
Lo que sigue en el caso es que los magistrados se reunirán en privado para continuar con las discusiones y, según el calendario habitual, se espera que para junio o julio de 2026 haya una decisión final. Por ahora, la ciudadanía por nacimiento sigue vigente.
La audiencia duró poco más de 2 horas y giró en torno a una pregunta central: ¿puede una orden ejecutiva presidencial cambiar quién tiene derecho a la ciudadanía estadounidense por el simple hecho de nacer en ese país?
Varios magistrados, incluyendo los nombrados por Trump, cuestionaron el intento del presidente de redefinir la ciudadanía por nacimiento.
El gobierno argumenta que para que un hijo nacido en EE.UU. sea ciudadano automáticamente, sus padres deben tener un “domicilio legal permanente” en el país. Es decir, no basta con estar físicamente en territorio americano: los padres tendrían que tener una residencia legal reconocida y estable. Ante esto, la jueza Amy Coney Barrett —nominada por Trump— señaló un problema: ¿cómo se mide la “intención de quedarse para siempre”?
Neil Gorsuch —también nominado por Trump— indicó una contradicción clave: el decreto se enfoca en los padres, pero la Decimocuarta Enmienda habla del derecho del hijo. Le preguntó al gobierno: ¿cómo sabrías quién es el padre o la madre? ¿Y si no están casados? ¿En casa de quién vive el niño?
El procurador general D. John Sauer, quien asistió como abogado del gobierno, argumentó que el mundo de hoy es muy diferente al de 1868, cuando se aprobó esa enmienda. Su lógica era que, en 1868 no había viajes internacionales masivos, no existía el “turismo de parto” y la inmigración indocumentada a gran escala no era un fenómeno de esa época. Por lo tanto, según Sauer, la enmienda se tiene que adaptar a una “nueva realidad”.
En respuesta a ese argumento de nueva realidad, el presidente de la Corte John Roberts —nominado por George W. Bush— respondió: “Es la misma Constitución”.
La jueza Sonia Sotomayor —nominada por Barack Obama— preguntó si la administración busca retroactivamente “desnaturalizar” a personas nacidas de padres no ciudadanos que ya tienen ciudadanía. Mientras que la jueza Ketanji Brown Jackson —nominada por Joe Biden— preguntó: “¿Vamos a llevar a mujeres embarazadas a declarar?”.
La abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Cecillia Wang, argumentó que la regla es clara: “Cualquier americano te dirá que nuestra norma de ciudadanía es que todo aquel que nace aquí es ciudadano por igual”.
Tras salir de la Corte, Trump publicó en la red social Truth Social: “¡Somos el único país en el mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por derecho de nacimiento!”.
Algo que no es verdad, como te hemos contado ya en una nota antes. Más de 30 países otorgan este derecho, incluyendo a Estados Unidos y a sus vecinos, México y Canadá. Trump ha repetido esta falsedad al menos desde 2015, durante su primera campaña a la presidencia.
El caso lleva el nombre de una mujer hondureña identificada solo como Barbara —su apellido no se revela por razones de seguridad, pues teme por su vida y la de su familia—. Ella es la demandante representativa en una demanda colectiva interpuesta por la ACLU en nombre de todos los bebés nacidos o por nacer en Estados Unidos que perderían su ciudadanía si la orden ejecutiva de Trump entrara en vigor.
¿En qué consiste la orden ejecutiva?
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14160 que elimina la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes sin estatus legal y personas con visas temporales de trabajo, estudiantes y turistas.
La medida entraría en vigor en 30 días, pero fue impugnada por los fiscales de 22 estados en demandas presentadas por separado por considerarla inconstitucional. Además de la ACLU, organizaciones defensoras de los derechos civiles, como Asian Law Caucus, State Democracy Defenders Fund y Legal Defense Fund, a las que se sumaron New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York, y grupos de madres embarazadas (como esta y esta) interpusieron denuncias en contra del decreto.
El 27 de junio de 2025, un fallo de la Corte Suprema limitó la habilidad de cortes federales de emitir medidas cautelares a nivel nacional, pero dejó la puerta abierta para que se dictaran medidas cautelares en demandas colectivas (class action lawsuits).
Cronología de los fallos emitidos sobre la orden ejecutiva desde enero de 2025
- 23 de enero de 2025: el juez federal John Coughenour, con sede en Seattle, bloqueó la implementación de la medida que elimina la ciudadanía por nacimiento y la calificó de “flagrantemente inconstitucional”.
- 6 de febrero de 2025: la jueza de distrito de Maryland, Deborah Boardman, bloqueó el decreto de Trump, en otro caso presentado por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos por nacer podrían verse afectados. “La ciudadanía es un derecho muy preciado, concedido expresamente por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”, expuso Boardman.
- 10 de febrero de 2025: el juez federal de distrito Joseph N. Laplante, en New Hampshire, bloqueó de manera temporal el decreto del presidente Trump.
- 13 de febrero de 2025: el juez federal de distrito de Massachusetts, Leo Sorokin, emitió un fallo de 31 páginas en el que señala que la “Constitución confiere el derecho a la ciudadanía por nacimiento de manera amplia, incluyendo a las personas dentro de las categorías descritas” en la orden ejecutiva del presidente. El caso de Boston fue presentado por los fiscales generales demócratas de 18 estados, y es uno de al menos nueve juicios que impugnan la orden de ciudadanía por nacimiento.
- 27 de junio de 2025: en una decisión dividida (de 6-3 votos), la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del presidente Trump, al conceder su solicitud de limitar el alcance de las medidas cautelares impuestas por tribunales federales. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento en sí misma; sino que resolvió que las cortes federales no tienen autoridad para bloquear leyes o decretos de manera universal. El fallo dejó la puerta abierta para que se introdujeran demandas colectivas.
- 10 de julio de 2025: tras la decisión de la Corte Suprema, el juez federal Joseph N. Laplante, del distrito de New Hampshire, emitió otro fallo que bloquea la implementación de la orden. El juez respondió así a una demanda colectiva introducida por organizaciones civiles (incluyendo la ACLU de New Hampshire). Laacción busca proteger a “toda persona nacida desde el 20 de febrero de 2025 [el día que hubiese entrado en vigencia la Orden Ejecutiva] en adelante” y que tuviese una madre o un padre inmigrante indocumentado o con estatus legal temporal.
El gobierno de Trump no apeló el fallo del juez federal Laplante en el plazo de 7 días otorgado por la ley, ni presentó un recurso de emergencia. Por lo tanto, la orden judicial que bloquea la implementación de la orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento entró en vigor a nivel nacional.
- 23 de julio de 2025: en otro caso presentado por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ordenó al gobierno reconocer a los bebés nacidos en cualquier estado de los Estados Unidos como ciudadanos estadounidenses.
- 25 de julio de 2025: En un caso más presentado por varios estados, un juez en Massachusetts ordenó al gobierno reconocer como ciudadanos estadounidenses a los bebés nacidos en cualquier estado de los Estados Unidos. Lo estados que presentaron la demanda son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington D.C. y Wisconsin.
- 7 de agosto de 2025: El juez del caso de Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), la jueza Deborah L. Boardman, concedió una petición para la certificación de la clase para una orden judicial preliminar. “Esta nueva orden judicial protege a todos los bebés nacidos en los Estados Unidos y reemplaza la orden judicial anterior, que se limitaba a los miembros de ASAP y CASA”, de acuerdo con la organización.
¿Qué pasa por ahora con la ciudadanía por nacimiento?
La ciudadanía por nacimiento sigue vigente por ahora.
Tras los alegatos del 1 de abril de 2026, los magistrados se reunirán en conferencias privadas para discutir el caso y comenzar a redactar sus opiniones. Se espera una decisión final para finales de junio o principios de julio de 2026.
El junio de 2025, cuando la Corte Suprema dejó la puerta abierta para dictar medidas cautelares en demandas colectivas, el experto y abogado de inmigración, Charles Kuck, destacó en su cuenta de X que “la Corte no falló sobre la legalidad de la orden de Trump, sino sobre el proceso para impugnarla”.
Esa decisión permitió, en términos técnicos, que la administración de Trump iniciara el proceso para eliminarla y autorizar a las agencias federales a desarrollar y emitir directrices para aplicar la orden ejecutiva, explicó en su cuenta de X Kathleen Bush-Joseph, abogada de la organización no partidista Migration Policy Institute.
Junto con su decreto, el gobierno de Trump diseñó un plan para no emitir números de seguridad social y pasaportes estadounidenses a estos niños.
El Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando el 25 de julio de 2025 con el plan que deberá seguir la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en caso de que la orden ejecutiva sea desbloqueada. El Seguro Social también tiene un plan delineado, según su sitio web.
Sin embargo, el gobierno de Trump reconoce en estos memorandos que “actualmente, hay una orden judicial preliminar vigente que impide al gobierno implementar la orden ejecutiva. Según el documento de su administración, aun cuando entrara en vigor su decreto, en los siguientes casos los niños seguirían obteniendo la ciudadanía estadounidense al nacer:
— Niños con un padre que sea:
- Ciudadano de Estados Unidos.
- Residente permanente legal.
– Niños con una madre que sea:
- Ciudadana de los Estados Unidos.
- Residente permanente legal.
- Asilada (es decir, alguien que ha ganado asilo).
- Refugiada.
- Residente permanente condicional, o
- Indígena estadounidense nacida en Canadá que haya ingresado a los Estados Unidos bajo una ley específica.
En resumen, la Corte sigue evaluando si la orden ejecutiva es constitucional o no.
Cuando se emitió la orden del presidente, el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, y quien encabezó la iniciativa legal en contra de la orden ejecutiva, junto con los fiscales generales de California y Massachusetts, dijo: “Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, señaló. Limitar la ciudadanía por nacimiento es “extraordinario y extremo”. Ese caso es el número “Case 1:25-cv-10139” y está en un Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts.
Luego de que la orden ejecutiva se diera a conocer, el fiscal general del estado de California, Rob Bonta, dio a conocer también la demanda en una publicación de X (antes Twitter).
“La orden ejecutiva del Presidente que intenta rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento es descaradamente inconstitucional y, francamente, antiestadounidense”, dijo el fiscal general Bonta. “Como hogar de Wong Kim Ark, un nativo de San Francisco que luchó, con éxito, para que se reconociera su ciudadanía estadounidense, California condena los intentos del Presidente de borrar la historia e ignorar 125 años de precedentes de la Corte Suprema. Estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de inmediato esta orden para que no entre en vigor”.
El Distrito de Columbia, la ciudad y el condado de San Francisco, California, junto con 18 estados interpusieron una demanda conjunta, y son los siguientes, en orden alfabético:
California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Wisconsin.
Otros cuatro estados se unieron para presentar otra demanda en contra de la medida del presidente: Arizona, Illinois, Oregon y Washington.
Un grupo de organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes también demandaron a la administración de Trump desde el mismo lunes 20 de enero por poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
“Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses”, dijo en un comunicado Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que formalizó la demanda.
La demanda —Case No. 1:25-cv-38— fue interpuesta por la ACLU, la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el State Democracy Defenders Fund y el Legal Defense Fund en nombre de organizaciones cuyos miembros serán denegados de la ciudadanía a sus bebés nacidos en suelo estadounidense en virtud de la orden, entre ellas New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York.
La orden ejecutiva de Trump sobre el derecho de nacimiento es una de las varias políticas relacionadas del presidente en contra de la inmigración indocumentada.
El gobierno de Trump reinterpreta la Constitución
La orden reinterpreta el concepto de “y sujeto a su jurisdicción” previsto en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que hasta ahora ha considerado como ciudadano de Estados Unidos a cualquier persona nacida en el país, no importa si sus padres no lo son.
El derecho de ciudadanía por nacimiento se otorga desde hace más de un siglo, explicó a Factchequeado la profesora de Derecho de la Universidad de Fordham Jennifer Gordon.
“Hace 125 años que la Corte Suprema aclaró que la 14ª enmienda aplica a los hijos de inmigrantes, sin importar la situación migratoria de sus padres. A no ser que la Corte Suprema anule esa decisión o que haya una enmienda constitucional, los hijos de inmigrantes sin papeles nacidos en Estados Unidos continuarán siendo ciudadanos desde su nacimiento”, precisó Gordon.
El gobierno de Estados Unidos no tiene públicamente una estadística de cuántos hijos de inmigrantes sin estatus legal han nacido en el país. Pero en 2022, Pew Research Center estimó que unos 4.4 millones de niños nacidos en Estados Unidos, menores de 18 años, vivían con una mamá o un papá sin documentos.
La 14ª Enmienda fue aprobada por el Congreso el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868.
Textualmente dice en su Sección 1: “Toda persona nacida o nacionalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que limite los privilegios o las inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni dentro de su jurisdicción le negará a persona alguna la protección legal igualitaria”.
La Sección 5, señala: “El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de leyes apropiadas”.
De acuerdo con la ACLU, la enmienda estipula que, salvo excepciones por separado, las personas nacidas en el país son ciudadanas sin importar la raza, la etnicidad, o el origen nacional de sus padres.
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