5 claves de la migración en la frontera sur de México: militarización, deportaciones y negocio
Cruzar el sur de México en marzo de 2026 ya no es solo un reto de distancia, es enfrentarse a un muro invisible de militares y burocracia. Según el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI Ibero) y el Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, estas son las claves para entender lo que está sucediendo en la franja sur de México.
1. El muro es militar y tiene nombre: PAKAL
La seguridad en la frontera con Guatemala ha dejado de ser migratoria para volverse puramente militar. Con la entrada de la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, los operativos ya no solo buscan revisar papeles, sino detener y deportar a la población inmigrante con tácticas de combate.
Aunque en el portal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el gobierno señala que Pakal tiene el “fin de hacer cumplir la ley y garantizar el estado de derecho de la ciudadanía Chiapaneca, combatiendo los delitos para asegurar el orden y la paz, sobre todo, en los lugares en donde la policía convencional no tiene capacidad de operar en misiones de alto riesgo”.
2. Contención: el impacto de la política internacional
La vigilancia en el sur de México no es aislada; responde a las tensiones globales. Las intervenciones de Estados Unidos en conflictos con Venezuela e Irán han derivado en un endurecimiento de las políticas de control en territorio mexicano. Lo que ocurre en el escenario internacional se traduce directamente en una frontera más cerrada y con menores márgenes de protección para quienes huyen de esos contextos.
3. ¿Derechos humanos o negocio privado?
Se han denunciado severas irregularidades en organismos públicos, particularmente en el Registro Civil. Los testimonios de personas en movilidad apuntan a la existencia de redes de corrupción que obstaculizan el acceso a documentos de identidad básicos, dejando a miles de personas en un limbo jurídico si no logran sortear estas prácticas ilícitas.
4. La mercantilización de la justicia
Uno de los hallazgos más preocupantes es la transformación de las herramientas legales en un negocio privado. El acceso a derechos se ha vuelto desigual debido a la proliferación de despachos que cobran cuotas excesivas por trámites que deberían ser accesibles, tales como:
- Amparos para evitar deportaciones.
- Gestión de tarjetas por razones humanitarias.
- Revalidación de estudios, con costos que pueden superar los 40 mil pesos.
5. Deportaciones y retención de documentos
México está recibiendo a personas expulsadas de terceros países bajo condiciones que violan protocolos básicos. El gobierno de Estados Unidos está reteniendo los documentos de identidad originales al momento de la deportación. Esta práctica borra la personalidad jurídica de quienes llegan a territorio mexicano, dejándolos en un estado de vulnerabilidad al no tener cómo identificarse ante ninguna autoridad.
La situación es crítica para ciudadanos de Venezuela y Cuba que, tras vivir años en EE. UU., son enviados a México sin papeles. Al no contar con pasaportes o registros oficiales, no pueden retornar a sus países de origen ni integrarse a México con papeles, anulando el derecho a la salud, trabajo o trámites de refugio.
El reporte del PRAMI Ibero y el Colectivo de Monitoreo alerta que la frontera sur de México opera bajo una estructura de contención militar y económica. El despliegue de la Fuerza PAKAL, la influencia de conflictos internacionales y la falta de transparencia en las instituciones mexicanas condicionan hoy el acceso a derechos básicos para la población en movilidad en la región.
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