Tortura y desaparición; organizaciones piden terminar las deportaciones de USA a terceros países

Desaparición forzada, incomunicación, torturas físicas y psicológicas, y hasta abusos sexuales, esas son algunas de las consecuencias que las víctimas de deportaciones a terceros países desde Estados Unidos enfrentan, pues los gobiernos receptores no ofrecen garantías mínimas de seguridad ni protección a los extranjeros que reciben, denuncian 22 organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En el marco la audiencia temática “Situación de las personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de la movilidad humana” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada el pasado 11 de marzo, las organizaciones denunciantes aseguraron que la externalización de fronteras ha provocado una crisis de derechos humanos.

¿Cómo es que las deportaciones a terceros países provocó una crisis humanitaria?

A través de un comunicado, las organizaciones detallaron que, durante el último año, la administración Trump multiplicó la “firma de acuerdos opacos” con países de América Latina y el Caribe para que reciban a migrantes de otros países. Esta es una práctica que EE.UU. implementó debido a las dificultades para deportar a migrantes originarios de naciones con los que no hay una buena relación diplomática, como Cuba o Venezuela (país con el que hace unos días se habló de reanudar relaciones diplomáticas).

“Estos convenios, son mecanismos ilegales que violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al carecer de transparencia y ser producto de presiones diplomáticas y económicas, obliga a los países receptores a gestionar a una población para la cual no tiene infraestructura ni sistemas de asilo funcionales, derivando en un sufrimiento humano devastador”, denunciaron en su comunicado.

Los datos prenden las alarmas

México, el país que más migrantes recibe desde Estados Unidos

En tanto, las organizaciones denunciantes detallaron los abusos que esta práctica representa para los estándares interamericanos. “Entre los datos más alarmantes destaca la situación en México, donde entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se contabilizó la deportación de casi 13 mil personas de terceras nacionalidades -23% mujeres y 690 niñas, niños y adolescentes-“, explicaron.

Estas personas, muchas de las cuales eran solicitantes de asilo en Estados Unidos, son entregadas a las autoridades mexicanas sin que exista una comunicación efectiva sobre sus procesos de protección previos en Estados Unidos. Incluso retornar a sus países desde México se vuelve complicado, pues en muchos casos la falta de documentos como el pasaporte, la falta de información para realizar trámites como el del oficio de salida o la falta dinero les impide dejar México.

Aunque existen opciones como el Programa Regional de Retorno Voluntario Asistido (RVA) de la Organización Interamericana de las Migraciones (OIM), la falta de documentos impide que muchas personas puedan dejar México de forma regular y segura.

 El Salvador y la crueldad extrema

Respecto a El Salvador, las organizaciones denunciaron una situación que “alcanzó niveles de crueldad extrema”.

“Las organizaciones documentaron el caso de los 252 jóvenes venezolanos que, tras ser deportados bajo engaños, fueron recluidos en el Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad, donde sufrieron desaparición forzada por más de cuatro meses, incomunicación, torturas físicas y psicológicas, y abusos sexuales, antes de ser finalmente devueltos a Venezuela, violando flagrantemente el principio de no devolución”.

Por su parte, en Panamá y Costa Rica los migrantes terminaron en campamentos de detención bajo condiciones inhumanas.

“En Panamá, cerca de 300 personas fueron retenidas en la selva del Darién, donde se documentaron negaciones sumarias de asilo y violencia sexual contra mujeres migrantes”, detallan, mientras que en Costa Rica explican las personas terminaron en “instalaciones industriales como el CATEM (una antigua fábrica de lápices) para albergar a familias con 81 menores de edad bajo vigilancia armada y condiciones de hacinamiento extremo”.

Lo anterior demuestra que la prioridad de estos acuerdos no es la protección, sino el control punitivo, detallan las organizaciones.

En tanto, Guatemala firmó un acuerdo para recibir a personas de los diferentes países centroamericanos, desde ahí son enviados a sus países de origen.  

Honduras es otro ejemplo, el país centroamericano recibido más de 50 personas de múltiples nacionalidades bajo el Acuerdo de Cooperación para el Examen de Solicitudes de Protección pese a las condiciones inseguras del país. En los últimos tres meses, en los Estados Unidos, más de 2 mil 800 personas no hondureñas  vieron sus casos de asilo terminados sin una audiencia, y recibieron órdenes de expulsión hacia Honduras.

“El traslado de personas que huyen de la violencia hacia lugares donde sus vidas vuelven a estar en riesgo es una política que atenta contra la dignidad humana y socava el orden jurídico internacional”, sentenciaron las organizaciones.

Finalmente, la comisionada de la CIDH, Andrea Pochak dijo que “ningún derecho a la soberanía permite torturar a una persona ni quitarle su dignidad…En el nombre de la soberanía, ningún país puede torturar, violar la dignidad, separar a las familias…Cuando todo esto pase, cada una de nosotras va a tener que preguntarse…: qué hizo para evitar que las personas migrantes y con necesidades de protección internacional sean tratadas como animales…” .