Lo que sabemos del nuevo centro de detención de ICE en Roxbury, Nueva Jersey

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dado un paso que sacudió a todo el estado de Nueva Jersey. Con una inversión de 129.3 millones de dólares, el gobierno federal adquirió un gigantesco almacén en Roxbury para convertirlo en un nuevo centro de detención de ICE. La medida no solo tomó por sorpresa a los vecinos, sino que generó el rechazo por parte de autoridades estatales.

Los detalles del nuevo megacentro

El complejo está ubicado sobre la Ruta 46 y tiene una extensión de 470,000 pies cuadrados. El plan del DHS es transformar este espacio en centros de detención estructurados que albergarán hasta 1,500 personas simultáneamente.

La compra se cerró el pasado 19 de febrero, cuando el DHS compró el inmueble a Roxbury Property Owner, LP (filial de Dalfen Industrial). Según reportes de Gothamist, estas instalaciones operarán bajo los estándares federales de detención, convirtiéndose en uno de los puntos operativos más grandes de la región.

“No tiene excusa”: La respuesta de las autoridades

El rechazo fue inmediato. El pasado 28 de febrero, la gobernadora Mikie Sherrill envió una carta a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, denunciando la falta de transparencia del gobierno federal.

“La escasa comunicación y transparencia del DHS con Roxbury y la adquisición del almacén no tiene excusas. Los residentes del municipio merecen mucho más que conocer sobre la creación de un nuevo centro de detención a través de los medios”, sentenció Sherrill en su comunicado.

Por su parte, el congresista del 7.° Distrito, Tom Kean, Jr., presentó a finales de febrero la “Ley de Protección del Contribuyente Local de 2026”. Esta iniciativa busca blindar a los habitantes de Roxbury para que no tengan que pagar ni un centavo de los costos operativos o de procesamiento que genere esta instalación federal.

Residentes y grupos activistas critican que al proyecto, comprando un almacén abandonado para transformarlo en una prisión para migrantes sin consultar a la comunidad afectada.

Con información de La Nación.

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