Juez prohíbe a Trump deportar a migrantes a “terceros países”; dice que es ilegal

La política utilizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para deportar a migrantes a terceros países, es decir naciones que no son las suyas, sin notificarles previamente ni darles la oportunidad de objetar, es ilegal, así lo determinó el juez de Tribunal de Distrito de Massachusetts, Brian Murphy.

Este fallo judicial responde a una demanda colectiva presentada por extranjeros contra el DHS en 2025 y en su fallo el juez Murphy dijo que la política de la administración del presidente Donald Trump con respecto a las deportaciones a terceros países debe ser anulada.

Sin embargo, el juez Murphy suspendió su fallo durante 15 días para dar tiempo a la administración Trump para apelar.

¿Qué dice el fallo sobre deportar a migrantes a terceros países?

El fallo del juez sostiene que ninguna persona en Estados Unidos puede ser privada de su vida o libertad sin el debido proceso legal. En este sentido, Murphy dijo que que deportar a alguien a un país potencialmente peligroso sin permitirle solicitar protección constituye un “fracaso fundamental del debido proceso” y viola la Quinta Enmienda.

De acuerdo con el Congreso estadounidense, la Quinta Enmienda establece que ninguna persona debe responder por un delito sin haber sido presentado o acusado formalmente por un gran jurado. La única excepción aplica para las fuerzas terrestres, navales o los miembros de la milicia que estén en servicio activo en tiempo de guerra o peligro público.

Además, la enmienda establece que ninguna persona será sometida por el mismo delito dos veces, tampoco puede ser obligada a a testificar contra sí misma, ni privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal; tampoco se puede tomar propiedad privada para uso público, sin una justa compensación.

DHS planea apelar fallo judicial del juez Murphy

En tanto, CBS News, citó un comunicado del DHS, en el que la agencia gubernamental recuerda que la Suprema Corte ya emitió dos suspensiones de emergencia contra el juez Brian Murphy en este caso. “Confiamos en que seremos reivindicados nuevamente” añade el DHS,

Además, dijeron que la administración Trump “tiene la autoridad constitucional para expulsar a estos extranjeros ilegales delincuentes y resolver esta pesadilla de seguridad nacional”.

“Se debe permitir que el DHS ejerza su autoridad legal y expulse a los extranjeros ilegales a un país dispuesto a aceptarlos”, declaró el departamento.

¿Por qué Estados Unidos envía a migrantes a países que no son suyos?

Implementada en marzo de 2025 y reafirmada en julio por la Suprema Corte, el deportar a una persona con una orden de expulsión definitiva a un tercer país es una medida que el gobierno de Estados Unidos siempre ha podido utilizar, sin embargo, se limitaba su uso a casos donde la deportación era “impracticable, desaconsejable o imposible”, detalla el American Immigration Council, organización defensora de los derechos de los migrantes.

Debido a esto, esta medida ha sido poco frecuente, pues su objetivo es permitir que la persona deportada comience una vida en un lugar seguro.

No obstante, los funcionarios de la administración Trump decidieron que no necesitaban notificar ni dar la oportunidad a los migrantes de impugnar su deportación a terceros países si recibían un informe del país de acogida donde se asegurase que los deportados no serían perseguidos ni torturados.

Esto hizo que durante la actual administración, las deportaciones a terceros países se convirtiera en una práctica común, afectando incluso a solicitantes de asilo que no han tenido la oportunidad de presentar sus casos en Estados Unidos.

En este sentido, el American Immigration Council detalla que esta política se convirtió “en un camino sin retorno a la detención indefinida o a circunstancias de alto riesgo en territorio extranjero”. Tan sólo durante 2025, esta práctica costó 40 millones de dólares a la administración Trump.

Entre los países a donde los extranjeros son enviados se incluye a Costa Rica, México, Panamá, Ruanda y Sudán del Sur. Incluso en El Salvador, donde se llegó a un acuerdo para detener a migrantes venezolanos en la megaprisión como CECOT.