ICE compra almacenes para usarlos como centros de detención migratoria

El Gobierno federal adquirió tres grandes almacenes con la intención de convertirlos en un centro de detención migratoria, en Socorro, una comunidad de unos 40 mil habitantes en las afueras de El Paso, Texas, de acuerdo con información del Diario Telemundo.

Las autoridades locales intentaron verificar la información, pero la operación ya estaba cerrada. Documentos oficiales muestran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concretó la compra por 122,8 millones de dólares. Los inmuebles suman 76.738 metros cuadrados (826.000 pies cuadrados).

“Nadie del Gobierno federal se molestó en llamarnos o enviarnos alguna notificación sobre lo que estaba por ocurrir”, expresó el alcalde Rudy Cruz Jr., al señalar su malestar por la falta de comunicación previa con la ciudad, mayoritariamente hispana.

Compras en los oscurito

Socorro no es un caso aislado. La localidad figura entre al menos 20 comunidades en Estados Unidos donde grandes almacenes han sido identificados como puntos estratégicos dentro del plan de expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La iniciativa contempla una inversión de 45 mil millones de dólares para ampliar la capacidad de detención en todo el país.

En múltiples ocasiones, autoridades estatales y municipales, incluidos alcaldes, comisionados y legisladores, se enteraron de los planes después de que ICE ya hubiera comprado o arrendado propiedades.

De acuerdo con registros de escrituras firmadas, ICE ha adquirido al menos siete almacenes en estados como Arizona, Georgia, Maryland, Pennsylvania y Texas. Otros acuerdos fueron anunciados, aunque no todos se concretaron, y en algunos casos potenciales compradores lograron frenar las ventas.

El DHS rechazó que se describa a los inmuebles como simples “almacenes” y aseguró en un comunicado que se transformarán en “instalaciones de detención bien estructuradas” que cumplirán con los estándares federales.

Un proceso con tropiezos

La ejecución del plan no ha estado exenta de contratiempos. ICE reconoció recientemente un “error” tras anunciar adquisiciones en Chester, Nueva York, y Roxbury, Nueva Jersey; posteriormente, Roxbury confirmó que la venta sí se había cerrado.

Aunque el DHS ha reconocido públicamente su intención de aumentar el espacio de detención, no suele divulgar ubicaciones específicas antes de concretar las compras. En algunos casos, autoridades locales se enteraron por reportajes periodísticos o por una hoja de cálculo que circuló entre activistas en internet.

El alcance del proyecto se conoció con mayor detalle el 13 de febrero, cuando la oficina del gobernador de Nueva Hampshire, estado donde existe oposición a un centro planificado de 500 camas, difundió un documento que indica que la agencia proyecta destinar 38.300 millones de dólares para elevar la capacidad nacional a 92 mil camas.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la población bajo custodia de ICE ha pasado de 40 mil a 75 mil personas, distribuidas en más de 225 instalaciones.

Centros a gran escala y contratos militares

El plan contempla ocho complejos de gran tamaño, cada uno con capacidad para entre 7 mil y 10 mil detenidos, además de 16 centros regionales de procesamiento y la adquisición de 10 instalaciones ya operativas bajo modalidad “llave en mano”.

La financiación proviene del amplio paquete de recortes fiscales y de gasto aprobado por el Congreso el año pasado, que casi duplicó el presupuesto del DHS. Para levantar los nuevos centros, la administración está recurriendo a contratos militares, un mecanismo que permite acelerar procesos y mantener mayor reserva.