Organizaciones, en alerta posible reactivación de Quédate en México tras reubicación de familias a centros de detención fronterizos

Desde enero de 2025, el gobierno de Donald Trump emitió una orden ejecutiva donde establece la reactivación del programa conocido como Quédate en México. Esta orden no menciona fechas para su reanudación, y aunque no hay información oficial aún, en las últimas semanas, organizaciones de México y Estados Unidos permanecen alerta ante la reubicación de familias solicitantes de asilo a centros de detención fronterizos.

En entrevista, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en Migración, AC (IMUMI), explicó que en las últimas semanas, organizaciones de Estados Unidos han alertado sobre el traslado de cerca de 400 familias solicitantes de asilo a centros de detención en la franja fronteriza con México. Esto hace temer sobre posibles deportaciones a dicho país bajo la reactivación de las política de Migrant Protection Protocol (MPP, por sus siglas en inglés), mejor conocida como Quédate en México.

Dicha medida (implementada por Trump en 2019) obligaba a las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar una resolución de su caso en México. Esto viola el principio de no devolución del Derecho Internacional, el cual prohíbe enviar o devolver a personas solicitantes de asilo a lugares donde su vida corra peligro… como la República Mexicana.

Gobiernos de EEUU y México, sin declaraciones oficiales al respecto

Una de las organizaciones que han alertado sobre el posible regreso de Quédate en México es el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés), quien en enero de 2026 declaró que hay casos de familias solicitantes de asilo y refugiadas siendo detenidas y enviadas a centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.

Según explica Kuhner ―y según declaraciones públicas de IRAP―, estas familias han sido liberadas de los centros de detención, por lo que no se ha completado su deportación a México. Para la directora del IMUMI, esto tiene que ver con hechos como el brote de sarampión en el centro de Dilley, el cual obligó al ICE a dejar en libertad a varias de ellas simplemente porque no había condiciones para que siguieran en las instalaciones. Por su parte, IRAP considera estos actos como intimidatorios para la comunidad migrante en general.

Aunado a esto, de acuerdo con Kuhner, hay rumores acerca de una posible reactivación de Quédate en México con la deportación de familias cuyo parole o permiso humanitario esté por caducar y, por lo tanto, tendrían que solicitar asilo afirmativo para permanecer en Estados Unidos.

Pese a estas acciones, de momento, el gobierno de Estados Unidos continúa sin hacer efectiva la reactivación del MPP de forma oficial. Por su parte, el gobierno mexicano no ha emitido declaraciones o una postura ante el posible regreso de este programa violatorio de derechos humanos con el cual ya cooperó anteriormente.

Exigen al gobierno mexicano rechazar el MPP

Según datos de BBVA Research, entre 2019 y 2022, México recibió a cerca de 80 mil personas de diversas nacionalidades expulsadas de Estados Unidos por el MPP. Esto, pese a no haber advertido su colaboración con EEUU por medios oficiales. Y aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que era un programa aplicado de manera unilateral, tal como explica Gretchen Kuhner, el hecho de recibir a las personas deportadas lo hizo partícipe.

Ante esto, el IMUMI emitió una carta pidiendo al gobierno mexicano rechazar la implementación del programa. En el documento (publicado con el respaldo de otras 42 organizaciones), recordó que los periodos de implementación de esta política han dejado como consecuencia miles de casos de violaciones a derechos humanos.

“Entre las violaciones más graves se registraron hechos de violencia, secuestros y desapariciones forzadas, quemaduras con ácido, fracturas y palizas, así como múltiples formas de violencia basada en género, en particular violencia y abuso sexual contra mujeres y niñas de todas las edades”, se lee en la carta pública.

El IMUMI, por ejemplo, está acompañando el caso de una persona que fue expulsada de Estados Unidos bajo el programa Quédate en México en 2021. Aquí fue secuestrada y violentada de diversas formas.

“Hace dos semanas nos contactó la Fiscalía diciendo que ya van a girar la orden de detención”, dice Gretchen Kuhner. “Estamos en 2026 y eso fue un caso de secuestro de los miles y miles”.

Es por estas condiciones y por su carácter violatorio al derecho internacional que México no debe aceptar una nueva aplicación de la política. Pero, de hacerlo ―según explica Kuhner―, el Instituto Nacional de Migración (INM) debe publicar e implementar lineamientos que garanticen la protección de las personas solicitantes de asilo en territorio mexicano.

Lo anterior ya fue dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su resolución a un amparo promovido por IMUMI en 2022. De hecho, IMUMI ha conocido borradores de lineamientos que el INM se niega a implementar porque el MPP ya no se encuentra activo. Sin embargo, la amenaza del retorno de Quédate en México es real. De concretarse, ¿cuál sería el escenario para las personas solicitantes de asilo en los países involucrados?