La importancia de la comunicación en las mujeres deportadas

Por. Rossy Antúnez, responsable de familias transnacionales, Instituto para las Mujeres en laMigración, AC (IMUMI).

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, entre 2010 y octubre de 2025 más de 450 mil mujeres han sido deportadas desde Estados Unidos a México. Esta cifra representa el 11.3% del total de deportaciones registradas por el gobierno mexicano a través de los puntos de repatriación terrestres y de los vuelos de deportación al interior del
país. Sin embargo, estos números no reflejan la magnitud real del fenómeno. No contabilizan a las mujeres que regresan forzadamente por violencia familiar, por la necesidad de mantener la unidad familiar tras la deportación de uno o más integrantes de su hogar, ni a quienes ya no pueden sostenerse en el mercado laboral estadounidense al
envejecer sin acceso a una pensión o red de protección social.

En todos los casos, la deportación y el retorno forzado significan la ruptura de proyectos de vida, vínculos afectivos y dinámicas cotidianas construidas durante años, e incluso décadas. Durante 2025, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) acompañó a mujeres deportadas a través de los 11 puntos de repatriación en la frontera norte, así como en los aeropuertos de Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco.

A partir de acuerdos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, muchas de estas deportaciones se
realizan de manera discrecional y desarraigada: mujeres nacidas en Chiapas son deportadas a Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que mujeres originarias de Reynosa, Tamaulipas, han sido enviadas a Villahermosa, Tabasco.

Esta práctica profundiza la desorientación, la vulnerabilidad y el riesgo. Por ello, desde el IMUMI, en nuestras labores de difusión y defensa de derechos, recomendamos que familiares, defensoras, abogadas y organizaciones de la sociedad civil sugieran a las mujeres que aún se encuentran en centros de detención migratoria en Estados Unidos
memorizar al menos dos números telefónicos de personas de confianza, que puedan ayudarles a coordinar un traslado seguro o brindarles apoyo emocional tras su llegada a México.

Estas recomendaciones surgen del seguimiento permanente que realizamos a la actuación de las autoridades migratorias de ambos países. En muchos casos, las autoridades estadounidenses no devuelven las pertenencias personales al momento de la detención o deportación, incluidos los teléfonos celulares. Esto impide que las mujeres puedan comunicarse con sus familias para avisar sobre su llegada al país, especialmente cuando no tienen números memorizados.

La posibilidad de realizar una llamada telefónica es vital. Si bien aún existen algunos albergues habilitados por el gobierno mexicano en el marco de la estrategia “México Te Abraza”, la atención que ofrecen suele limitarse al tiempo de estancia en esos espacios. Una vez que las mujeres salen de los albergues, no existe seguimiento institucional que garantice su seguridad, acceso a derechos o integración social. En este contexto, la comunicación inmediata con redes de apoyo en México o Estados Unidos se convierte en un factor clave para evitar mayores riesgos y para iniciar un proceso de retorno acompañado.

Una llamada telefónica no es un gesto menor: es el primer paso de una compleja coordinación translocal que las mujeres deberán sostener durante años tras su deportación. Pensar la deportación únicamente en términos de albergues o puntos de repatriación reduce la situación al instante del cruce, cuando en realidad sus consecuencias son profundas y de largo plazo. La post deportación exige políticas públicas con enfoque de género, continuidad institucional y acompañamiento integral en cada etapa del proceso de reintegración.

Mientras el Estado siga abordando la deportación como un trámite administrativo y no como una experiencia de despojo y reconfiguración forzada de la vida, las mujeres deportadas continuarán enfrentando solas la carga del retorno. Reconocer la centralidad de sus redes, garantizar su derecho a la comunicación y construir mecanismos de acompañamiento más allá del momento de llegada no es un acto de buena voluntad: es una obligación del Estado. Las mujeres deportadas no regresan “a casa”; regresan a un país que debe asumir, de una vez por todas, su responsabilidad frente a ellas.