¿De dónde son los inmigrantes que España regulará este año?

El pasado 27 de enero de 2026, el gobierno de España anunció que regulará a medio millón de inmigrantes y la mayoría provienen de América Latina y África. Esto representa un avance a contracorriente de la postura europea respecto a los inmigrantes indocumentados. Mientras la derecha lo cataloga como “un atentado a la identidad nacional”, para otros es un acto de “justicia social”. Lo que es un hecho es que España brindará la oportunidad de obtener la residencia de manera legal y se fortalecerá la economía de Europa, pues la población activa envejece.

Silvana Cabrera, vocera del Movimiento Regulación Ya, menciona que para su comunidad “es un avance de derechos, porque detrás de cada expediente hay un nombre de una persona que lleva esperando esto por mucho tiempo”. De igual manera señala que esto permitirá que los inmigrantes puedan contar con todos los derechos laborales que las personas que ya habitan en la región tienen. Elma Saiz, ministra de inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España declaró en una conferencia:

Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social.

Esta medida aplica para extranjeros que hayan permanecido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, al igual que algunos solicitantes de protección internacional. Podrán obtener un permiso de un año de residencia renovable o en el caso de las y los niños, de cinco años. Se requiere no tener antecedentes penales y registrarse en el plazo que va de abril al treinta de junio de 2026. Las y los beneficiarios podrán trabajar en cualquier sector y lugar del país

Desempeño económico para España

El presidente Pedro Sanchez afirma que la migración sustenta el desempeño económico del país, ya que representa alrededor del 80% del crecimiento en los últimos seis años y aproximadamente el 10% de los ingresos de la seguridad social. A finales de 2025, la tasa de desempleo cayó por debajo del 10% y los extranjeros representaron la mayor parte de las contrataciones en el último trimestre del año.

Debido a que el plan fue aprobado mediante un Real Decreto-ley, el Gobierno pudo eludir el debate previo en el Parlamento, donde además carece de una mayoría estable. De igual manera contaron con el apoyo del partido de extrema izquierda Podemos, cuyos líderes afirmaron que es una respuesta moral contra el discurso antiinmigrante.

Postura opositora

Alberto Núñez Feijoo, líder del opositor Partido Popular de centroderecha, acuso al plan de ser un “desvío de atención” del
desastre ferroviario que mató a 45 personas en el sur del país el 18 de enero . Afirmó que “en la España socialista se premia la ilegalidad” y que “la política migratoria de Sánchez es tan imprudente como su política ferroviaria.”

Por su parte, el partido de la ultraderecha Vox avisó que accionará de manera legal contra el plan. Su dirección afirmó que recurrirá al Tribunal Supremo Español una vez que se haya publicado el decreto para solicitar medidas “cautelares” y suspender su aplicación. También acusó a las instituciones europeas de ser “pasivas” al no exponer una respuesta clara.

El otro lado de la moneda

La política fue una noticia positiva para las organizaciones y colectivos en favor de los inmigrantes, al igual que para la Iglesia Católica que la describió como un acto de justicia social, ya que se distingue de controles migratorios más estrictos implementados en el resto de Europa.

Actualmente, en España se encuentran alrededor de 49 millones de habitantes, de los cuales 7 millones son extranjeros y se estima que a principios de 2025, 840 000 personas residían en el país sin autorización, de acuerdo al instituto de estudios económicos Funcas. La última gran regularización sucedió en 2005 bajo el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, del mismo partido que Sánchez.