Francisco Garduño, imputado por el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, recibe cargo directivo en la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) asignó un nuevo cargo directivo al excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, quien fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior.

La DGCFT tiene entre sus atribuciones normar, operar, coordinar, controlar y evaluar el servicio de capacitación para y en el trabajo, con el objetivo de ayudar al acceso al empleo, impulsar el desarrollo económico y social, y mejorar el nivel de vida de la población.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó el nombramiento y destacó el papel que Garduño Yáñez desempeñará en el contexto de la reforma educativa en curso. “Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño Yáñez, que ha sido nombrado por parte de la presidenta, @claudia_shein, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo. Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación #MediaSuperior que está en marcha”, señaló el titular de la SEP.

Rechazo de organizaciones civiles

El nombramiento generó críticas y rechazo por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Instituto de Mujeres en Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD), que cuestionaron la decisión del gobierno federal.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Imumi expresó su preocupación y recordó que Garduño Yáñez continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, derivado del incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. “Las OSC’s que acompañamos a víctimas del incendio de la estancia migratoria de #CiudadJuárez manifestamos nuestra preocupación y recordamos que continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por lo que este nombramiento envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del gobierno de México con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”, publicó la organización.

Las agrupaciones señalaron además que la designación puede interpretarse como un “premio inmerecido” que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional frente a una tragedia en la que murieron 40 personas migrantes.

Asimismo, consideraron grave que el nombramiento no esté respaldado por una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo, lo que, advirtieron, debilita la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en los procesos de rendición de cuentas del Estado.