Minnesota e Illinois demandan al gobierno de Trump por operativos migratorios

Los gobiernos de Minnesota e Illinois presentaron demandas contra la administración del presidente Donald Trump para frenar los operativos migratorios federales que, aseguran, han generado caos, afectado la seguridad pública y vulnerado derechos constitucionales en sus comunidades.

La ofensiva legal fue anunciada por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, quien afirmó que el reciente aumento de agentes del Departamento de Seguridad Nacional ha provocado un clima de temor entre los residentes y ha complicado las labores de las autoridades locales. “Estas acciones no hacen a nuestro estado más seguro”, sostuvo.

Minnesota decidió acudir a los tribunales tras un hecho que intensificó la tensión: la muerte de Renee Good, quien la semana pasada fue baleada por un agente de migración durante un operativo. El caso provocó indignación y reforzó las críticas contra la presencia federal en el estado.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, respaldó la demanda y acusó al gobierno de Trump de actuar de manera inconstitucional. En un mensaje publicado en la red social X, aseguró que la administración federal no protege ni a las comunidades ni a las empresas locales.

We’re suing the Trump admin for their unconstitutional attacks on our neighbors. They’re not pro-business or pro-safety. Their actions are purely political — and Minneapolis and our partners are done with it. pic.twitter.com/NZTPE9F0Lr

— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 12, 2026

Posteriormente, en una entrevista con NBC News, Frey afirmó que la policía local debería enfocarse en garantizar la seguridad ciudadana, y no en colaborar con redadas migratorias. “Quiero que nuestros agentes se dediquen a cuidar a la gente, no a perseguir a nuestros vecinos”, dijo.

Con la Operation Metro Surge, se han desplegado a miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras dependencias federales en distintas ciudades. La administración Trump ha defendido la operación como una medida necesaria para hacer cumplir las leyes migratorias.

Sin embargo, las autoridades estatales sostienen que el operativo invade competencias locales y estatales, además de generar riesgos innecesarios para la población. El conflicto legal abre un nuevo capítulo en la confrontación entre gobiernos estatales y la política migratoria federal impulsada por Trump.