Corte Suprema BLOQUEA despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

La Corte Suprema de Estados Unidos dio un golpe significativo a la estrategia migratoria del presidente Donald Trump este martes al bloquear el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, una de las ciudades más importantes del país y gobernada por el partido demócrata.

El presidente había ordenado el envío de militares alegando la necesidad de proteger a los agentes federales y combatir el crimen, pero los jueces del máximo tribunal frenaron la medida, argumentando que la ley invocada solo permite acciones de emergencia cuando las fuerzas regulares no son suficientes para mantener el orden.

Bloquean Guardia Nacional en Chicago: Tres jueces conservadores en contra

En una decisión poco habitual desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, tres jueces conservadores: Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, expresaron su oposición al despliegue, separándose del resto del tribunal.

El fallo rechazó los argumentos del gobierno, que afirmaba que los agentes federales estaban en riesgo debido a la violencia de manifestantes y que la presencia de la Guardia Nacional era necesaria para proteger edificios y propiedades federales.

Según Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, “el presidente activó a la Guardia Nacional para proteger a los agentes federales y garantizar que los alborotadores no destruyeran edificios y propiedades federales. Nada en la decisión de hoy menoscaba ese objetivo central”.

Reveses previos en tribunales

Antes de llegar al Supremo, el despliegue de tropas en Chicago había sido bloqueado por dos tribunales inferiores. Frente a estas decisiones, la Administración Trump presentó un recurso de urgencia ante el alto tribunal.

A pesar de la orden bloqueada, aproximadamente 300 efectivos de la Guardia Nacional permanecen en el área de Chicago, aunque no participan en operaciones activas.

El gobernador de Illinois y la alcaldesa de Chicago, ambos demócratas, han defendido su oposición al despliegue militar. Las autoridades locales sostienen que los agentes estatales y municipales han manejado las protestas sin incidentes graves y que no hay evidencia concreta que justifique la intervención federal.

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