El desafío de la Cooperación Regional: Migración y derechos humanos en la IV Cumbre CELAC–UE

Hace unas semanas, Santa Marta, Colombia, se convirtió en el punto de encuentro político más relevante del año para la relación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. La IV Cumbre CELAC–UE reunió a más de 200 organizaciones —entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración— en el Foro de Sociedad Civil LAC–UE, mientras que 60 Estados (33 de América Latina y el Caribe y 27 de Europa) participaron en el segmento de alto nivel. Esta edición destacó por dos documentos clave: la Declaración Conjunta de Sociedad Civil y el texto final adoptado por los 58 Estados, que a través de 52 puntos delinean preocupaciones y prioridades para la cooperación entre ambas regiones. En ambos se repite un mensaje ineludible: es urgente transformar el enfoque migratorio para avanzar hacia un modelo basado en derechos humanos y responsabilidad compartida.

El llamado no es menor, especialmente porque el contexto regional exige respuestas firmes y coherentes. América Latina y el Caribe ingresan a 2025 en un escenario de convergencia de crisis humanitarias: violencia generalizada, inestabilidad política, expansión del crimen organizado, desplazamiento forzado, pobreza estructural, desigualdad persistente y efectos cada vez más graves del cambio climático en una de las regiones más propensas a desastres del mundo. A este panorama se suma un déficit crítico de financiamiento internacional que ha obligado a cerrar o reducir servicios esenciales de protección y migración, debilitando la capacidad institucional para atender a poblaciones que hoy
enfrentan riesgos extremos. Las cifras reflejan esta emergencia: 21 millones de personas desplazadas en las Américas; 31% de los hogares de personas migrantes o refugiadas sufren discriminación; 65% de las familias en movilidad con niñas y niños reportan riesgos de protección en Centroamérica y México; dos de cada cinco mujeres conocen casos de violencia de género durante el desplazamiento; y la región concentra el 16% de las víctimas
globales de trata.

Sin embargo, lejos de avanzar hacia políticas más humanas y efectivas, varios países han adoptado medidas que profundizan la precariedad. Argentina ha impulsado reformas que criminalizan a las personas migrantes, restringen el derecho al asilo, obstaculizan la residencia temporal y el acceso a derechos básicos como la educación. En Chile, el clima
electoral ha alimentado discursos xenófobos y antinmigrantes. México mantiene un enfoque militarizado y de contención en la frontera sur y en rutas internas, sin alternativas para quienes quedan varados por las políticas estadounidenses. En El Salvador, organizaciones internacionales continúan registrando tortura y violaciones graves a personas venezolanas
retornadas desde Estados Unidos. Y en Europa, se aceleran reformas que amplían el concepto de “tercer país seguro”, facilitando que solicitantes de asilo sean enviados por la fuerza a países con los que no tienen ningún vínculo, mientras entra en vigor un Pacto Europeo de Migración y Asilo que permite separar familias y endurece la acogida.

Este contraste —una realidad cada vez más crítica frente a políticas cada vez más restrictivas— hizo que desde la sociedad civil defensora de los derechos de las personas migrantes y refugiadas impulsáramos un llamado claro a ambas regiones para reorientar la cooperación biregional. Entre las recomendaciones planteadas destacan:

1. Reconocer la dimensión y gravedad de las crisis de protección y sus causas como un asunto que afecta la estabilidad de toda la región, y que debe ser prioridad tanto para la Unión Europea como para los países de América Latina y el Caribe.
2. Adoptar un enfoque de nexo humanitario–desarrollo–paz, con estrategias que ofrezcan respuestas sostenibles y adaptadas a las dinámicas transfronterizas del desplazamiento.
3. Aumentar inversiones en programas de desarrollo e integración dentro de la estrategia europea Global Gateway, promoviendo que las personas desplazadas contribuyan plenamente al desarrollo de las comunidades de acogida.
4. Mantener y fortalecer el financiamiento humanitario, especialmente para poblaciones vulnerables como comunidades indígenas y afrodescendientes, niñas, niños, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y quienes viven desplazamiento interno o transfronterizo.
5. Reforzar los mecanismos regionales de prevención y protección en LAC, reconociendo que las restricciones a la movilidad agravan la exclusión y dificultan el acceso a bienes y servicios esenciales.
6. Invertir en sistemas de asilo, mecanismos de regularización y estancias legales, garantizando procesos accesibles y respetuosos para quienes buscan protección o desean integrarse en sus países de acogida.

Desde el IMUMI añadimos un llamado específico: avanzar hacia un Pacto Birregional porlos Cuidados que reconozca el papel central que desempeñan las mujeres migrantes eneste sector. En América Latina y el Caribe el 70% de las mujeres migrantes se desempeñaen el sector de cuidados sin ningún tipo de protección social ni derechos laborales. Elloimplica ampliar vías de migración regular con posibilidades reales de residenciapermanente, garantizar acceso a sistemas nacionales de cuidados sin exigir documentaciónmigratoria o de identidad y fortalecer los sistemas de asilo con enfoque de género.

A pesar de las tensiones políticas y los contextos dispares entre ambas regiones, la IVCumbre CELAC–UE abrió una ventana de oportunidad para avanzar hacia una cooperaciónverdaderamente centrada en las personas en movilidad. La pregunta es, si los compromisosasumidos se traducirán en políticas concretas que prioricen la protección, la dignidad y lassoluciones duraderas por encima de la contención y el castigo. La sociedad civil seguiráatenta —y exigente— para que este momento no se convierta en una oportunidad perdida.Porque solo una cooperación basada en derechos, y no en temores, estará a la altura del desafío humanitario que define nuestro tiempo.