La deuda educativa con la niñez migrante en México

Por. Pamela Maas, clìnica jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).

El derecho a la educación es universal. Así lo repiten los gobiernos en foros, documentos y discursos. Sin embargo, en la práctica, esa promesa tiene condiciones: solo si tienes documentos de identidad —que no son fáciles de obtener— y no eres migrante. De lo contrario, ese derecho se vuelve inaccesible.

La legislación mexicana es clara. La Ley General de Educación establece que “todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior”. La Constitución, en su artículo 3°, garantiza ese mismo derecho para todas las personas. Y la Ley de Migración, en su artículo 8°, señala que “las personas migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por el sector público y privado, independientemente de su situación migratoria”. En teoría, no hay restricciones. En la realidad, para miles de niñas, niños y adolescentes migrantes en México, todo esto sigue siendo letra muerta.

En 2015, en conjunto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, logramos modificar las Normas de Control Escolar de Educación Básica para evitar que la falta de documentos impidieran el ingreso de niñas y niños a la escuela. Dos años después, en 2017, lo hicimos con reformas a la Ley General de Educación para garantizar que ningún trámite administrativo o documento fuera un obstáculo para su inscripción o continuidad escolar, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.

Parecía que las barreras se disolvían. Pero ocho años después, persisten. En muchas escuelas aún se exige la Clave Única de Registro de Población (CURP) o un acta de nacimiento mexicana, supeditando el derecho a la educación a un papel. El desconocimiento de la ley, la burocracia y los prejuicios discriminatorios y xenófobos siguen negando derechos.

Desde nuestra clínica jurídica, donde el acceso a la educación es uno de los ejes de trabajo, hemos acompañado, durante 15 años, a familias migrantes que enfrentan este laberinto. La falta de documentos migratorios, sumada a la desinformación institucional, se traduce en puertas cerradas.

Las historias que escuchamos lo confirman. Madres migrantes nos cuentan cómo, al intentar inscribir a la escuela a sus hijas e hijos, escuchan frases como: “Tu hijo no puede estudiar aquí porque no es mexicano”, o “hasta que traigas los documentos, no podemos darte el servicio”.

Javier, un adolescente de 15 años, llegó a México siendo un bebé. Sin acta de nacimiento mexicana, las escuelas se negaban a recibirlo. Su madre logró inscribirlo firmando una “carta compromiso” para entregar documentos antes de terminar la primaria. Le dieron un certificado provisional y pudo pasar a secundaria. Pero al finalizarla, le informaron que todos esos años había sido solo “oyente”, que su nombre nunca apareció en el sistema y que sus estudios no valían. Después de casi una década de esfuerzo, un requisito burocrático amenaza con borrar su historia.

David y Ana, adolescentes haitianos, escaparon de la violencia en su país junto a su familia. Tras muchas trabas lograron ingresar a una secundaria en el sur de México. El primer día de clases llegaron diez minutos tarde; el profesor detuvo la clase y salió del aula. Ellos pensaron que era por el retraso. Al día siguiente, llegaron antes. Cuando el profesor los vio, nuevamente se negó a dar clase. Después de cuatro días, entendieron el mensaje: no eran bienvenidos. El racismo también expulsa.

Si México quiere ser un país que realmente apueste por el bienestar de su niñez, integrar a las niñas, niños y adolescentes migrantes garantizando su acceso a la educación sin condiciones no es una opción: es una obligación legal y moral. La educación no debe depender de una nacionalidad, ni de un documento; depende de la empatía y de la voluntad institucional para cumplir la ley.

No todas son historias de exclusión. También hay escuelas que abren sus puertas, que acompañan, que orientan a las familias para regularizar su situación migratoria y que entienden que cada niña, niño y adolescente migrante que se integra al aula enriquece a toda la comunidad. Son ejemplos de esperanza que muestran el México posible.

En el contexto del Día Universal de la Niñez, 20 de noviembre, vale recordar que la inclusión en las aulas es una tarea colectiva. La educación, de manera bidireccional, transforma: permite que quienes llegan reconstruyan sus vidas y, al mismo tiempo, fortalece a una sociedad que aprende a verse diversa, empática e intercultural.