El gobierno de Trump pide suspender orden judicial que obliga a financiar el programa de alimentos SNAP
El gobierno de Donald Trump solicitó una suspensión de emergencia para frenar una orden judicial que lo obliga a financiar completamente los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que entrega cupones de alimentos a millones de familias de bajos ingresos.
Pongámonos en contexto: 42 millones de personas afectadas
El programa SNAP, del que dependen cerca de 42 millones de estadounidenses, se quedó sin financiamiento el 1 de noviembre debido al prolongado cierre del gobierno, que ya alcanza 38 días.La falta de recursos ha obligado a los estados y organizaciones sin fines de lucro a buscar alternativas para suplir la ayuda federal.
La orden del juez McConnell
El juez John McConnell Jr., del Tribunal de Distrito de Rhode Island, ordenó al Departamento de Agricultura (USDA) pagar la totalidad de los beneficios del mes de noviembre antes del viernes.
El magistrado indicó que el gobierno debía usar fondos de emergencia y recursos no utilizados para garantizar la ayuda alimentaria.
La apelación del gobierno
La administración Trump recurrió rápidamente al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, argumentando que la decisión del juez era incorrecta y que probablemente sería revocada.
Los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que la orden “involucra indebidamente al Poder Judicial en las negociaciones sobre el cierre del gobierno” y que podría incluso prolongar la falta de fondos.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito dio plazo hasta el mediodía del viernes para que las organizaciones demandantes, entre ellas varias ciudades y entidades benéficas, respondan a la solicitud del gobierno.
El uso de fondos
Aunque la administración Trump ya había accedido a utilizar un fondo de contingencia por órdenes judiciales previas, sostiene que no puede emplear dinero de otras cuentas, como la conocida “Sección 32”, que financia programas de nutrición infantil y comidas escolares.
Funcionarios advirtieron que hacerlo podría generar déficits en otros programas esenciales.
Mientras se espera la decisión judicial, millones de hogares de bajos ingresos permanecen en incertidumbre sobre la llegada de sus beneficios, en medio del cierre más largo del gobierno en la historia reciente.
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