Corte federal extiende orden que impide a Trump enviar tropas a Portland

Una jueza federal decidió extender hasta el próximo viernes la orden que impide a Donald Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland, lo que mantiene a las tropas en una situación de incertidumbre mientras continúa la disputa judicial sobre los límites del poder presidencial.
La jueza de distrito de Estados Unidos Karin Immergut emitió la resolución tras un juicio de tres días en el que se analizó si la administración Trump había actuado fuera de la ley al intentar federalizar y enviar unidades de la Guardia Nacional de Oregon y California a la ciudad.
El fallo se suma a otros reveses judiciales que enfrenta la administración presidencial en su intento por enviar tropas a distintas ciudades. El mes pasado, un tribunal federal bloqueó un despliegue similar en Illinois, y recientemente la Corte Suprema solicitó informes adicionales en ese caso.
En Portland, las tropas permanecen acuarteladas desde hace semanas en bases de entrenamiento, luego de haber sido activadas para proteger a funcionarios federales y a un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), convertido en epicentro de protestas desde junio.
¿Qué dice la administración Trump?
Los abogados del Gobierno federal defendieron que el presidente tiene autoridad para responder ante los disturbios y la violencia frente a instalaciones federales. Sin embargo, los representantes del estado y del municipio argumentaron que la intervención constituía “una de las violaciones más graves” a la soberanía de Oregon y que, lejos de restablecer el orden, podía intensificar las tensiones.
En su decisión, Immergut concluyó que el Gobierno no logró demostrar que la situación en Portland estuviera fuera de control ni que los agentes federales carecieran de capacidad para desempeñar sus funciones.
De manera preliminar, la jueza determinó que el intento de desplegar la Guardia Nacional excedió la autoridad legal del Ejecutivo federal y violó la Décima Enmienda de la Constitución, al invadir competencias estatales. Asimismo, indicó que las pruebas presentadas no encajaban en la definición de “rebelión” prevista por la ley.
Antecedentes en Illinois
La jueza de distrito April Perry emitió la primera orden de restricción el 9 de octubre, luego de que el estado de Illinois y la ciudad de Chicago demandaran al gobierno federal. La decisión fue ratificada el 16 de octubre por un panel del Séptimo Circuito. Aunque la medida expiraba el 30 de octubre, Perry decidió mantenerla vigente mientras espera la resolución definitiva del máximo tribunal.
