Presentan investigación sobre la militarización del INM
El informe sobre la militarización del INM revela el control castrense, el lenguaje oficial y la influencia de Estados Unidos en su actuación.
La militarización del INM avanza en México bajo un discurso oficial que disfraza el control migratorio como asistencia humanitaria, según advirtieron investigadoras de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Durante el 16° Foro de Derechos Humanos en la IBERO Tijuana, Margarita Núñez y Samantha Mino presentaron un informe que documenta la presencia de militares, el uso de fuerza y la injerencia estadounidense.
Eufemismos que encubren la fuerza y la discrecionalidad
De acuerdo con las investigadoras, el Instituto Nacional de Migración utiliza un lenguaje eufemístico para ocultar acciones coercitivas y violaciones a los derechos humanos durante operativos y detenciones.
El informe señala que términos como “rescate humanitario” sustituyen a detenciones arbitrarias, y “retorno asistido” reemplaza deportaciones forzadas, generando confusión en la opinión pública.
“El lenguaje del INM legitima la violencia institucional y borra la frontera entre protección y castigo, haciendo imposible exigir rendición de cuentas por los abusos cometidos”, dijo Núñez.
Las académicas detallaron que 39 de los 41 manuales internos del Instituto están desactualizados desde 2012, lo que permite a los agentes actuar sin lineamientos claros.
Esta falta de actualización normativa deriva en operativos discrecionales donde el uso de la fuerza no tiene control ni mecanismos de revisión adecuados, según los hallazgos presentados.
Núñez y Mino coincidieron en que el uso del lenguaje oficial ha creado una narrativa que normaliza la violencia y convierte la migración en un problema de seguridad.
Estados Unidos, pieza clave en la militarización del INM
El informe también advierte que la militarización del INM está vinculada a la capacitación y cooperación técnica de agencias estadounidenses como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y CEDELA.
De acuerdo con las investigadoras, el personal del Instituto ha recibido formación en combate táctico, control de masas, acondicionamiento físico y manejo de equipo antimotines.
“Las capacitaciones impulsadas por Estados Unidos refuerzan una visión bélica de la migración, donde el migrante es visto como amenaza y no como persona”, señaló Mino.
El análisis de documentos filtrados por Guacamaya Leaks confirmó que el INM utiliza drones, escáneres biométricos y programas de vigilancia donados por el gobierno estadounidense.
Estos equipos, según el informe, son empleados para el reconocimiento de terreno y perfilamiento racial, prácticas que replican estrategias militares de control fronterizo.
Las académicas advirtieron que esta cooperación consolida la subordinación de la política migratoria mexicana a los intereses de seguridad de Estados Unidos.
Exmilitares dirigen oficinas del Instituto Nacional de Migración
El informe presentado en la IBERO Tijuana revela que 46.8% de las oficinas de representación del INM están encabezadas por personal con formación o experiencia militar.
Los estados de Chiapas, Veracruz y Sonora, donde se concentra este perfil, también registran los mayores casos de violaciones a derechos humanos según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“La presencia de mandos militares no erradicó la corrupción, solo reforzó la opacidad y la violencia dentro de una institución que debería ser civil y humanitaria”, explicó Núñez.
Uno de los casos más graves, señalaron, ocurrió en Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron en una estación del INM bajo la dirección de un delegado militar.
La tragedia, afirmaron, demuestra cómo las órdenes jerárquicas propias de la estructura castrense influyen en decisiones que ponen en riesgo vidas humanas.
Las investigadoras destacaron que este proceso refleja la transformación del Instituto en un cuerpo de control, con mandos verticales y una lógica de obediencia típica del ámbito militar.
El migrante no es una amenaza
Durante su presentación, Núñez y Mino insistieron en que el enfoque de seguridad que guía al Instituto Nacional de Migración ha convertido a las personas migrantes en presuntos enemigos del Estado.
Este discurso, afirmaron, contradice los principios constitucionales y los tratados internacionales que México ha suscrito para proteger los derechos de las personas en movilidad.
“El migrante no es una amenaza; es una persona con derechos y necesidades de protección, no un enemigo que deba ser perseguido o detenido”, dijo Mino.
Las investigadoras advirtieron que esta narrativa alimenta la xenofobia y legitima el uso de la fuerza y la criminalización de la defensa de los derechos migrantes.
También alertaron sobre el incremento del hostigamiento hacia organizaciones y personas defensoras, quienes enfrentan mayores riesgos por cuestionar los abusos del Instituto.
El informe concluye que la militarización del INM ha desplazado la función civil del organismo, transformándolo en una estructura de control más que de protección y asistencia humanitaria.
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