Secuestro de migrantes en Tijuana: una crisis ignorada a lo largo de los años

Hugo Castro, de la coalición SOS Migrantes, denunció que el secuestro de migrantes en Tijuana continúa siendo una realidad persistente que las autoridades estatales han minimizado durante años.

Aseguró que, pese a presentar pruebas contundentes, las investigaciones no avanzan, lo que permite que los grupos criminales sigan operando impunemente cerca de garitas y puntos estratégicos de la ciudad.

Falta de atención a denuncias con evidencia

Castro explicó que en febrero del año pasado recibió un llamado urgente para ayudar a liberar a una pareja de Chiapas secuestrada tras ser deportada en la frontera.

Detalló que familiares entregaron más de 11 mil dólares en transferencias bancarias y pagos en tiendas, sin obtener la liberación inmediata ni respuestas claras por parte de autoridades.

El activista envió capturas de mensajes de los secuestradores y datos de las cuentas receptoras a funcionarios estatales, sin que se realizaran acciones visibles para desarticular la red.

A los cinco días, las víctimas fueron liberadas cerca de Tecate, pero decidieron no continuar su intento de cruce debido al trauma que sufrieron durante el cautiverio.

Castro recalcó que este caso era sólido para proceder judicialmente, pero no hubo seguimiento ni se informó a la familia sobre avances o resultados en la investigación.

Secuestro de migrantes en Tijuana como patrón histórico

El defensor recordó que desde 2012 ha documentado múltiples secuestros contra personas migrantes, incluso encabezando marchas en Mexicali para exigir que no se minimice la violencia en su contra.

Indicó que en la Fiscalía, funcionarios suelen clasificar los casos como “malas negociaciones” en lugar de secuestro, lo que revictimiza a las personas que buscan justicia.

Resaltó que los migrantes llegan con daños emocionales previos y, tras nuevos ataques, prefieren huir o guardar silencio, lo que impide que la denuncia avance.

Afirmó que incluso quienes denuncian no reciben protección ni seguimiento, lo que refuerza la percepción de impunidad entre las comunidades migrantes en Baja California.

Advirtió que esta normalización podría llevar a Tijuana a niveles de violencia similares a los de Reynosa o Matamoros si no se actúa con urgencia.

Cobros y extorsiones en albergues y puntos de cruce

Narró que en el albergue Baja Migrante, ubicado junto al muro fronterizo en Playas de Tijuana, se impuso un cobro de 300 dólares por permitir que migrantes intentaran cruzar hacia Estados Unidos.

Explicó que antes la tarifa era de 100 dólares, pero el aumento provocó quejas y amenazas armadas contra la directora, lo que llevó al cierre temporal del albergue.

Denunció que la Guardia Nacional recibía pagos para retirarse de la zona durante cruces ilegales, facilitando la operación de grupos criminales vinculados al crimen organizado.

Señaló que no todos los agentes participan, pero la colusión con redes de tráfico es una realidad que el gobierno ha preferido no investigar a fondo.

Actualmente, el albergue volvió a operar, aunque persiste la preocupación por la seguridad de sus residentes ante posibles nuevas extorsiones o amenazas.

Casos recientes y zonas de riesgo

Castro relató que secuestros y extorsiones también ocurren en Tecate y zonas cercanas de cruce irregular, donde grupos armados controlan el paso y exigen pagos por dejar pasar.

Mencionó un caso de dos migrantes, uno colombiano y otro haitiano, que desaparecieron tras ser interceptados cerca del muro fronterizo y no han sido localizados.

Aseguró que no es exclusivo de Tijuana; las redes criminales operan en diferentes puntos de cruce, aprovechando el desconocimiento de las víctimas sobre la zona.

Enfatizó que muchas familias pagan rescates desde Estados Unidos, sin poder denunciar en México por carecer de documentos migratorios.

Criticó que el consulado mexicano en Estados Unidos no brinde apoyo en estos casos, dejando a las familias sin respaldo institucional efectivo.

Negación oficial y riesgo de agravamiento

El activista advirtió que las autoridades de Baja California mantienen una postura de negación, negándose a reconocer la magnitud del problema y evitando coordinarse con activistas y albergues.

Comparó la situación con una enfermedad en etapa inicial que, sin tratamiento, se agrava hasta volverse irreversible, como ocurre en otras fronteras dominadas por el crimen organizado.

Sostuvo que, de no actuar, Tijuana podría convertirse en una de las zonas más peligrosas para migrantes, replicando los patrones de Tamaulipas.

Pidió romper con la indiferencia institucional y priorizar la protección de personas migrantes como un asunto de derechos humanos y seguridad pública.

Reiteró que el secuestro de migrantes en Tijuana es una crisis vigente que requiere investigación, desarticulación de redes y colaboración real entre sociedad civil y autoridades.