Activistas exigen ampliar el tiempo de atención a deportados en albergue Flamingos

Activistas de Baja California exigieron al gobierno federal ampliar el tiempo de atención a deportados mexicanos en el centro de recepción “Flamingos”, ubicado en Tijuana, Baja California.

Durante un acto conmemorativo, señalaron que dos días de estancia resultan insuficientes para brindar atención digna. Las organizaciones piden al menos quince días de estancia para iniciar procesos de integración.

Reclamo de la sociedad civil por condiciones de recepción

Organizaciones civiles con años de experiencia denunciaron que el modelo federal ofrece poca atención y reduce las posibilidades de reintegración para los mexicanos que son deportados cada semana.

Esta mañana, activistas recordaron el 12 aniversario del primer campamento para deportados y señalaron que la respuesta institucional sigue sin atender la magnitud del problema.

En el evento participaron José María García Lara, de Movimiento Juventud 2000; Hugo Castro, de Migrantes SOS; y Sergio Tamay, del Hotel Migrante, quienes exigieron un diálogo con autoridades.

“El tiempo de atención a deportados en el albergue Flamingos es muy corto. Dos días no permiten atender las necesidades mínimas de quienes regresan a territorio nacional”, denunció García Lara.

Coincidieron en que mientras el gobierno sólo da dos días, los albergues de sociedad civil atienden durante semanas, sin recursos públicos, a personas en condiciones más vulnerables.

Exigen política integral para personas repatriadas

La denuncia principal se centró en que el centro de recepción de Flamingos no cumple con una política integral. No hay continuidad, ni empleo, ni opciones de reinserción social.

José María García Lara afirmó que lo que ocurre en Flamingos es una réplica del abandono institucional a los deportados que ya se ha vivido en años anteriores en Tijuana.

“El tiempo de atención a deportados debería ser de al menos 15 días. En dos días no pueden estabilizarse ni contactar a nadie para conseguir ayuda o empleo.”

Los activistas también señalaron que no existe diálogo con los tres niveles de gobierno, pese a que han solicitado reuniones para coordinar acciones de forma urgente y eficaz.

Además, hicieron un llamado público a la gobernadora de Baja California para que instruya a sus funcionarios a establecer mesas de trabajo con organizaciones civiles especializadas.

Dos días de atención no garantizan reinserción

En sus declaraciones, los activistas subrayaron que brindar sólo dos días de atención equivale a abandonar a los deportados a su suerte en un contexto de alta vulnerabilidad.

Reiteraron que muchos llegan sin recursos, sin documentos y con problemas de salud física o mental, por lo que requieren tiempo para estabilizarse y obtener apoyos mínimos para continuar.

“La comunidad migrante ha aportado miles de millones de dólares en remesas. Merecen atención digna y programas reales de integración en las ciudades donde son deportados”, dijo García.

El Centro de Atención a Repatriados Mexicanos “Flamingos”, financiado por el gobierno federal, fue creado en respuesta a la presión del gobierno de Estados Unidos ante el anuncio de deportaciones masivas.

Sin embargo, organizaciones señalan que el centro no está funcionando como fue prometido, y que incluso limita derechos si las personas deciden salir antes del plazo asignado.

Llamado a diálogo y amenaza de acciones

Durante el evento, Sergio Tamay, activista distinguido por acciones como el cierre de garitas y quema de piñatas, advirtió que, sin cambios, volverá a realizar acciones directas y manifestaciones públicas.

Los activistas expresaron que no se está tomando en cuenta la experiencia acumulada de las organizaciones que durante más de una década han atendido la situación migratoria en Baja California.

También alertaron que en ciudades como Mexicali se están replicando modelos ineficientes. En lugar de fortalecer albergues civiles, se están creando nuevos espacios sin coordinación.

Finalmente, las organizaciones pidieron que se reactive el apoyo a la sociedad civil y se garantice un enfoque de derechos en los programas destinados a las personas deportadas.