No sólo es Trump, los estados más peligrosos para los migrantes

Además de las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump a nivel federal, han sido presentadas, votadas y aprobadas varias leyes antinmigrantes estatales en 2025, las cuales principalmente aumentan la vigilancia policial, restringen el empleo, favorecen la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además, de restringir la emisión de las tarjetas de identificación para no ciudadanos.

¿Qué pasa con las leyes antiinmigrantes estatales en 2025?

De acuerdo con la National Conference of State Legislatures (NCSL), en lo que va de 2025 se han discutido 106 leyes de inmigración, algunas buenas y otras malas, en 38 de los 50 estados que conforman la Unión Americana.

En este sentido, el recuento realizado por el NCSL resalta algunos de los los estados con mayor número de leyes antiinmigrantes, entre los que se encuentran: Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Florida, Tennessee, Texas, Utah, Wyoming.

Por su parte, The Marshall Project destacó que, por lo menos, 34 de las más de 100 leyes fomentan:

• La cooperación de las policías locales con las agencias federales de inmigración.
• Penalizan ayudar a inmigrantes indocumentados.
• Crean oficinas estatales de control migratorio.

Adicionalmente, el medio detalla que, en lo que va del año, el número de leyes antiinmigrantes estatales en 2025 supera con creces el número de leyes similares promulgadas en todo 2024. Esto luego de que legisladores y gobernadores republicanos hayan expresado públicamente su apoyo a la agenda migratoria del presidente Trump.

¿Qué dicen las leyes anti migratorias de Estados Unidos?

The Marshan Project destaca las leyes aprobadas en Tennessee y Alabama, las cuales amplían el alcance de la aplicación de la ley migratoria al enfocarse en individuos y grupos que ayudan a personas indocumentadas.

Desde mayo, las organizaciones benéficas en Tennessee que albergan a inmigrantes no autorizados pueden ser consideradas responsables si sus inquilinos cometen delitos. Otra ley permite a los fiscales acusar a personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, del delito grave de “tráfico de personas” si ocultan a personas indocumentadas de las autoridades para obtener “ventajas comerciales o ganancias financieras privadas”.

En este sentido, defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda en junio, aseguran que la ley es tan amplia que podría implicar penalmente a familiares y compañeros de vivienda de personas indocumentadas, así como a propietarios, organizaciones benéficas y lugares de culto que ofrecen refugio a migrantes.

A esta medida se suma, el Proyecto de Ley Senatorial 6002 que permite a los fiscales de Tennessee acusar a funcionarios electos de delitos graves y enfrentar de 1 a 6 años de prisión por votar a favor de las políticas de “ciudades santuario”.

Otras leyes nuevas tipifican delitos específicamente dirigidos a inmigrantes indocumentados, de una manera que, según los críticos, otorga a las personas antecedentes penales para justificar más fácilmente su deportación.

Trump se ha comprometido a deportar a “lo peor de lo peor”, pero la mayoría de las personas detenidas por el ICE no tienen antecedentes penales. Sin embargo, las nuevas leyes estatales en Florida e Idaho criminalizan a los inmigrantes simplemente por ser indocumentados.

No todo es tan malo, pero tampoco es bueno

Si bien dentro de estas 106 leyes hay varias medidas proinmigrantes, se puede observar un número significativamente mayor de leyes con un enfoque restrictivo y de aplicación de la ley de inmigración en comparación con aquellas que buscan proteger y apoyar a los inmigrantes.

Por otro lado, tener un mayor número de leyes anti inmigrantes no convierte a una entidad en un estado restrictivo contra la migración, pues hay leyes más duras que otras. Como ejemplo de esto tenemos a Tennessee y Texas, aunque menos en número, a menudo son consideradas por expertos como algunas de las más severas del país.

Finalmente, las leyes antiinmigrantes aprobadas en Alabama, Tennessee, Florida e Idaho son similares otras medidas estatales que los tribunales ya han anulado por interferir en la aplicación de la ley migratoria federal.