Una residencia permanente que no abre puertas: familia migrante en Tijuana se enfrenta a la discriminación y separación

A pesar de contar con su residencia permanente en México, Carlos Flores, originario de Honduras, enfrenta múltiples obstáculos para establecerse con su familia en Tijuana. Su estatus legal no ha impedido que viva situaciones de discriminación y hostigamiento policial.

La historia de Carlos, su esposa y sus dos hijas (una nacida en Honduras y otra en México) es muestra de las dificultades cotidianas que enfrentan muchas familias migrantes.

El proceso de adaptación ha sido complejo, y tener papeles en regla no significa acceso garantizado a vivienda digna, empleo estable ni seguridad.

De Tapachula a Tijuana: el camino forzado de una familia

Carlos relató que huyó de Honduras con su esposa e hija pequeña tras recibir amenazas directas de un grupo armado. Su travesía hacia México comenzó por Guatemala, donde fueron extorsionados por autoridades locales. El trayecto fue costoso, riesgoso y marcado por el miedo.

Explicó que en Tapachula, Chiapas, su familia encontró un refugio temporal y apoyo institucional que les permitió iniciar trámites de refugio.

Carlos trabajó barriendo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y recibió apoyo económico de ACNUR, lo que les dio estabilidad durante un breve periodo.

“Yo ahí solo porque no quería que la mujer y mi hija estuvieran ahí en el sol tanto tiempo. Y yo ahí con una toallita, con ganas de orinar y aguantándome”, comentó Carlos al recordar las jornadas esperando por una oportunidad laboral en Tapachula.

Gracias a estos apoyos, obtuvo la residencia permanente. Aunque ACNUR le ofreció ser reubicado en Coahuila, optó por trasladarse a Tijuana, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades como hablante bilingüe. Así comenzó un nuevo reto para esta familia.

Tener documentos, pero sin acceso a lo básico: un laberinto para Carlos

Ya en Tijuana, Carlos enfrentó una dura realidad. A pesar de tener su residencia, muchas empresas le negaban empleo porque los bancos no aceptaban su documento para abrir una cuenta, requisito indispensable para recibir pagos.

Platicó que incluso cuando consiguió trabajo en un call center, le pagaban con cheques que no podía cobrar sin ayuda de terceros.

Esta dependencia lo obligaba a entregar parte de su salario a quienes accedían a cambiar su cheque por él, haciéndolo vulnerable a abusos.

“Yo casi lloré ese día, porque usted no sabe lo que es el estrés de pensar si esa persona no me va a robar el dinero, porque usted ya le entregó eso”, explicó Carlos.

La situación económica empeoró al punto de tener que separarse de su esposa e hijas. Él vive en un albergue exclusivo para hombres, mientras su familia permanece en otro refugio.

La decisión fue difícil, pero necesaria para sobrevivir en una ciudad que no les ofrece las condiciones mínimas para vivir juntos.

Hostigamiento, miedo y separación: otra cara de la exclusión

Carlos también ha sufrido hostigamiento por parte de las autoridades locales. Asegura que ha sido detenido sin motivo en varias ocasiones, le han confiscado dinero sin explicación y revisado su domicilio sin orden judicial, incluso mientras trabajaba desde casa.

Relató cómo ha sido interrogado al azar en la calle, y cómo teme más a la policía que a los propios criminales, debido al abuso de poder que ha vivido.

Estas experiencias han fortalecido su desconfianza hacia las instituciones, incluso teniendo documentos en regla.

“Yo le tengo más miedo a la policía que a los ladrones, porque la policía legalmente lo puede matar a uno. ¿Y qué va a reportar uno? ¿A quién?”, dijo Carlos.

Aunque intenta mantenerse positivo por sus hijas, reconoce que ser una familia migrante con documentos no significa tener una vida digna. Sigue en busca de empleo estable y la oportunidad de reunirse nuevamente con su esposa e hijas bajo un mismo techo.

Sobrevivir y resistir: lo cotidiano para Carlos y su familia

Carlos comentó que en su ir y venir en la ciudad, ha trabajado con organizaciones de ayuda como Tijuana Sin Hambre, pero sus ingresos siguen siendo insuficientes.

Su día a día está marcado por la incertidumbre, la discriminación y la lucha constante por mantener a su familia unida y a salvo.

La historia de esta familia ilustra cómo la residencia legal no garantiza inclusión social ni protección. Las trabas administrativas, la exclusión laboral y el acoso institucional generan condiciones de precariedad similares a las que enfrentan personas sin documentos.

Hoy en día, Carlos continúa buscando formas de salir adelante sin renunciar a su derecho a vivir en paz. A pesar de todo, mantiene la esperanza de que su situación cambie y pueda ofrecer un futuro mejor a sus hijas, en una ciudad que hoy les ha sido hostil.

Su caso es reflejo de muchas otras familias migrantes en Tijuana, que aún con papeles en mano, siguen siendo tratadas como si no pertenecieran.