México ante el CMW: persisten retos en materia de derechos de personas migrantes
Los días 7 y 8 de abril, México fue examinado en Ginebra por cuarta ocasión por el Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios encargado de supervisar el cumplimiento de los Estados parte con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Este Comité está integrado por 14 personas expertas independientes que, cada cuatro o cinco años, analizan los informes presentados tanto por los Estados como por las organizaciones de la sociedad civil con el propósito de evaluar los avances en la implementación efectiva de la Convención. Al
término del proceso, el Comité emite observaciones finales orientadas a fortalecer el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
En esta cuarta evaluación, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) señalamos con preocupación la ausencia del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y otras instancias clave responsables de la gestión migratoria durante la sustentación del informe. Esta omisión evidencia la falta de interés y compromiso del Estado mexicano con el cumplimiento de la Convención, único instrumento global de carácter obligatorio en esta materia. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación ante la negativa de la delegación mexicana a
reconocer la militarización del control y la verificación migratoria, su rechazo a la decisión del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas de activar el procedimiento del artículo 34, y la desestimación de la participación de autoridades municipales en detenciones arbitrarias previas al incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, así como a reconocer las irregularidades en el proceso penal contra el Comisionado actual del INM y la reparación integral para las víctimas y sus familiares.
Las organizaciones de la sociedad civil que, desde la ratificación de la Convención por parte de México en 1999, hemos abogado de manera constante por su efectiva implementación, elaboramos informes alternativos al presentado por el gobierno mexicano. Estos informes tienen como objetivo visibilizar las problemáticas en las que consideramos que el Estado incumple sus obligaciones, así como contribuir con recomendaciones orientadas a mejorar la situación de los derechos de las personas migrantes.
Para esta revisión se presentaron 13 informes sombra. Desde el IMUMI elaboramos dos documentos en los que señalamos cómo las revisiones migratorias, los rechazos en aeropuertos, las detenciones arbitrarias en estaciones migratorias y los requisitos de documentación migratoria en centrales de autobuses han sido utilizados como mecanismos de contención migratoria, derivando en prácticas racistas y violatorias de derechos humanos. Asimismo, destacamos los desafíos persistentes para prevenir y atender la violencia basada en género contra mujeres, niñas y adolescentes migrantes, dado que existe evidencia de que la gran mayoría enfrenta diversos tipos de violencia a lo largo de sus trayectos migratorios y que el sistema de justicia penal no es efectivo para ellas. Además, advertimos sobre la actual situación de desfinanciamiento de los sistemas de protección de la niñez, lo cual ha debilitado la capacidad institucional para garantizar la determinación efectiva del interés superior de la niñez migrante. Esta situación se refleja entre otras cosas, en la frecuente determinación del retorno a los países de origen como medida de restitución de derechos, lo que conlleva separación familiar y exposición a los mismos riesgos de los cuales estas niñas, niños y adolescentes huyeron.
Por su parte, las y los integrantes del Comité urgieron al Estado mexicano a responder por la implementación de políticas migratorias coordinadas con el gobierno de Estados Unidos, tales como el Título 42, los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), la aplicación CBP One y la política de Elusión de Vías Legales, entre otras, las cuales han derivado en múltiples violaciones a los derechos de personas que buscaban protección en territorio estadounidense. Asimismo, el Comité cuestionó al Estado por la denominada “política de desgaste”, mediante la cual el INM traslada por vía terrestre al sur del país a personas en situación migratoria irregular con el objetivo de alejarlas de la frontera norte, impidiéndoles continuar sus procesos migratorios. Finalmente, el Comité instó a México a proporcionar información detallada sobre la falta de emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias y de Tarjetas de Residente Permanente para personas que requieren protección internacional. Ante estos cuestionamientos, el Estado mexicano no ofreció respuestas claras ni sustantivas.
Esta semana el Comité hará públicas sus observaciones finales y desde el IMUMI hacemos un llamado al gobierno mexicano a analizar y aceptar las recomendaciones dirigidas en cumplimiento a sus obligaciones internacionales, para que estas funjan como una hoja de ruta para conducir las políticas y acciones gubernamentales en materia de migración para los próximos años, involucrando a todos los actores, incluida la sociedad civil. Todas las instancias de gobierno deben asumir sus responsabilidades en la materia para que ello se traduzca en acciones concretas de políticas públicas.
