El juez federal James Boasberg del Distrito de Columbia (D.C.), quien tiene a cargo el caso de las expulsiones de 137 venezolanos de Estados Unidos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que ocurrieron el 15 de marzo de 2025, indicó en una orden judicial del 16 de abril de 2025 “que existe causa probable para considerar al Gobierno en desacato criminal” por no haber devuelto a Estados Unidos los aviones que iban a El Salvador.
“Las acciones del Gobierno [de Estados Unidos] ese día demuestran un desprecio deliberado por la orden de esta Corte”, afirmó Boasberg.
En esta nota te explicamos por qué el juez Boasberg ve probable que el Gobierno esté en “desacato criminal” (criminal contempt) y qué establece la ley sobre el poder de los jueces para hacer cumplir sus órdenes (cuando el gobierno federal se rehusa).
¿Qué significa que se declare al gobierno en desacato criminal?
En primer lugar, cualquier juez federal puede revisar o anular decisiones que haya tomado el Poder Ejecutivo si considera que dicha decisión viola la Constitución. Esto es lo que ha desembocado en la situación actual:
¿Por qué el juez Boasberg ve probable que el Gobierno esté en “desacato criminal”?
El 15 de marzo, el juez Boasberg dio la orden verbal entre las 6:45 pm ET y 6:48 pm ET de que los vuelos con personas expulsadas de Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros no despegaran de Harlingen, Texas, y señaló que, de haberlo hecho, regresaran los aviones. La orden escrita fue publicada a las 7:25 pm ET. Sin embargo, ningún vuelo fue cancelado ni devuelto.
“A pesar de la orden escrita de la Corte y la instrucción oral que especificaba lo que se requería para cumplirla, el Gobierno no detuvo el proceso de expulsión en curso”, afirmó el juez Boasberg en su decisión del 16 de abril de 2025.
Como te explicamos previamente en Factchequeado, el Gobierno se había defendido en la Corte explicando que los aviones que llevaban a los expulsados bajo la Ley de Extranjeros Enemigos habían despegado antes de que fuese publicada la orden escrita de las 7:25 pm ET, pero el argumento fue refutado por el juez.
“El argumento central de los demandados -indicó el juez- requiere ignorar el contexto claro en el que se emitió la orden”. “Además”, continuó, “la conducta de los demandados demuestra un desprecio deliberado por las prohibiciones legalmente vinculantes de la Corte. Dada la evidencia en esta etapa temprana de la investigación, y sin haberse presentado una razón convincente para concluir lo contrario, la Corte determina que existe causa probable para considerar que los demandados actuaron en desacato”.
¿Y ahora? Próximos pasos del juez en relación con los expulsados a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
Boasberg, en su decisión, hace referencia a la autoridad que tienen las Cortes federales para sancionar la “desobediencia o resistencia” a las órdenes judiciales. Específicamente, hace mención a la autoridad (establecida en la Ley Federal de Estados Unidos) que establece que las Cortes federales tienen “el poder de imponer sanciones, a su discreción, mediante multa, prisión o ambas” por “desobediencia o resistencia” a sus órdenes.
El juez afirma en su orden que ahora (que se considera al Gobierno en posible desacato criminal) el proceso tendrá 3 etapas:
1 – Le dará la oportunidad al Gobierno para tomar acciones que “subsanar su desacato”, es decir, que cumplan con la orden de “asumir la custodia de las personas que fueron expulsadas en violación de la orden” judicial.
2 – Si eso no ocurre, “la Corte procederá a identificar a la(s) persona(s) responsable(s) de la conducta” para determinar “el acto u omisión específica” que causó el incumplimiento.
3 – El siguiente paso, explica el juez, es solicitar “que el desacato sea procesado por un abogado del Gobierno”, pero, si el Gobierno se rehúsa, la Corte “designará a otro abogado para procesar el desacato”.
Los jueces federales en Estados Unidos tienen la autoridad para sancionar o encarcelar a quienes incumplan sus órdenes
Yasmin Abusaif y Douglas Keith, abogados del Brennan Center for Justice, organización aliada de Factchequeado, explican que los jueces federales están autorizados para imponer sanciones (incluyendo multas y arrestos) pero advierten que, en última instancia, “dependen de las fuerzas del orden y de los fiscales federales para aplicar las penas cuando persiste el incumplimiento”.
Ambos expertos indican que el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (U.S. Marshals Service), que forma parte del Departamento de Justicia, “es el principal brazo ejecutor de las cortes federales” y que sus alguaciles suelen ser quienes entregan citaciones, órdenes judiciales y quienes realizan detenciones. También, añaden, las Cortes dependen de los fiscales federales para llevar adelante los casos de desacato criminal.
En 2015, Kim davis, una funcionaria del condado de Rowan, en Kentucky, fue declarada en desacato y detenida por negarse a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo a pesar de que meses antes la Corte Suprema había emitido una sentencia que legalizaba en todo el país el matrimonio igualitario. La funcionaria fue liberada luego de que otros empleados de su oficina emitieron las licencias (dejando por fuera el nombre de ella) pero fue posteriormente sancionada por un juez federal con una multa de 260,000 dólares para cubrir los honorarios y gastos de los abogados que representaron a una de las parejas a quien Davis se negó a emitir la licencia de matrimonio.
En 2019, el Departamento de Educación tuvo que pagar $100,000 luego de que la entonces secretaria, Betsy DeVos, fuese declarada en desacato a una orden judicial que le exigía detener la cobranza de ciertos préstamos estudiantiles.
¿Y qué pasa si el Departamento de Justicia se rehúsa a cumplir con la orden de un juez?
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia (la fiscalía) no es una agencia independiente del Gobierno, sino que está bajo el control del Poder Ejecutivo.
“El Departamento de Justicia (DOJ) no es independiente como lo son los jueces, ni siquiera como lo son algunas otras agencias federales”, señaló la organización sin fines de lucro Center for American Progress en un reporte de 2020.
Entonces –explican Abusaif y Keith del Brennan Center for Justice– si bien las Cortes “dependen en gran medida de los fiscales federales del DOJ para llevar adelante casos de desacato criminal”, si llegase a ocurrir que la fiscalía se negase a aceptar un caso referido por la Corte, “los jueces están autorizados a designar abogados privados para presentar cargos”.
El manual del DOJ destaca que “en la gran mayoría de los casos” la aceptación de un fiscal federal a una solicitud del tribunal para llevar adelante una acusación es “una mera formalidad” pero que, en ciertos casos, “puede haber razones válidas” para que un fiscal federal “se niegue a participar en el proceso” y que “la acusación sea conducida, en representación del tribunal, por un abogado privado designado por la corte para tal fin”.
El DOJ apeló la orden del juez Boasberg el 17 de abril de 2025. Si la apelación no resulta en una decisión que satisfaga al Gobierno, es probable que el caso llegue a la Corte Suprema.
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