Lo que está en juego hoy no es solamente el destino de millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. La pregunta ya no es técnica ni política, sino
profundamente ética: ¿será Estados Unidos un territorio de esperanza o una tierra marcada por la persecución?
Este dilema no debería importar solo a quienes viven del lado norte del río Bravo. Esta es también una preocupación que atraviesa a las familias, las comunidades y las instituciones mexicanas. Porque lo que sucede aquí, en calles como las de Los Ángeles, Houston, Nueva York o Chicago, se siente allá: en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz, Michoacán. Lo que se legisla en Washington impacta en el día a día de miles de pueblos en México que han vivido por décadas con un pie a cada lado de la frontera.
Desde el primer día de su mandato, el presidente Donald Trump puso en marcha una ofensiva que, más allá de las fronteras físicas, buscó construir un muro narrativo, social y político alrededor de las comunidades migrantes. Esta visión de país se ha intensificado con el respaldo de figuras como Tom Homan —el llamado “zar de la frontera”— y Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, quienes han reafirmado que ningún inmigrante indocumentado quedará fuera de los operativos de detención y deportación. El mensaje es brutalmente claro: aquí no hay excepciones, ni matices, ni humanidad.
Y como si eso no bastara, ahora se ha cruzado una línea que antes parecía intocable. El reciente acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el ICE permitirá compartir datos fiscales de quienes utilizan el ITIN —en su mayoría, migrantes indocumentados que aun así pagan sus impuestos con la esperanza de un día ser reconocidos— con fines de localización y deportación. Esto, en palabras de Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, es una violación sin precedentes a la privacidad tributaria, que por décadas fue protegida sin importar el partido en el poder.
¿Quién puede sentirse seguro en un país que convierte el cumplimiento en evidencia, y la contribución en amenaza? Este tipo de medidas no solo persiguen a los migrantes: erosionan la confianza en las instituciones, y debilitan los principios que Estados Unidos dice representar ante el mundo.
Pero no podemos ver esta crisis únicamente desde Estados Unidos. México también debe mirar con atención y con responsabilidad. Porque esta no es una situación ajena: afecta a nuestras familias, a nuestras comunidades de origen, a nuestras remesas, a nuestro tejido cultural. Y, sobre todo, a nuestra dignidad. El reciente temor que llevó a cancelar el carnaval poblano en Filadelfia y el desfile Cinco de Mayo en Chicago por posibles redadas no es solo una anécdota: es una muestra de cómo el miedo está silenciando nuestras expresiones más profundas de identidad.
Sin embargo, en medio del miedo también hay señales de esperanza. Una encuesta reciente de La Opinión y My Code reveló que el 67% de los votantes multiculturales apoya una reforma migratoria que incluya un camino hacia la ciudadanía. El problema no es la falta de apoyo social. El problema es político, institucional y narrativo.
Este no es un momento para protagonismos, cálculos políticos ni divisiones internas. Es un momento para la conciencia colectiva. Lo que enfrentamos no puede reducirse a discursos diplomáticos ni a gestos simbólicos. Defender a nuestra gente —a quienes cruzaron buscando una vida mejor, a quienes hoy viven con miedo— debe ser un acto profundo de corresponsabilidad. No basta con declaraciones; se necesita voluntad, unidad y acción coordinada desde todos los frentes: social, político y humano.
La responsabilidad es compartida. Desde los gobiernos hasta las comunidades, desde los líderes, profesionistas, hasta los medios, desde los ciudadanos estadounidenses hasta las familias mexicanas y latinas; todos tenemos un papel que jugar. La única salida es trabajando juntos, más allá de fronteras, partidos o intereses. Porque cuando protegemos a quienes sostienen silenciosamente a nuestras sociedades, no solo defendemos sus derechos: reafirmamos los valores que deberían definirnos como pueblos hermanos. La unidad, hoy más que nunca, es nuestra mayor fuerza.
La narrativa de persecución está ganando terreno, y nuestra única respuesta efectiva es cambiarla, visibilizando la realidad de millones de personas que solo buscan una vida digna. No podemos permitir que el miedo, la indiferencia y la división sigan prevaleciendo. Y cuando, en el futuro, se nos pregunte qué hicimos frente a esta ola de persecución, no podremos decir que no lo sabíamos. Solo podremos decir si fuimos parte del cambio o del silencio.
