Recientemente, más de 80 personas deportadas y retornadas forzosamente, junto con familias y organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado a la administración de Claudia Sheinbaum para generar políticas públicas con presupuesto destinado a la inclusión de estas poblaciones. Aunque algunas llevan viviendo en México más de diez años, los desafíos para su integración persisten, y en el contexto actual es urgente recordar la deuda histórica que existe con ellas.
Como mujeres retornadas, las firmantes y sus familias se han organizado para acompañar a quienes enfrentan el proceso de post-deportación y post-retorno forzado, contribuyendo desde la sociedad civil, el emprendimiento y proyectos artísticos.
Sin embargo, estas mujeres siguen enfrentando la separación familiar, problemas de salud mental y un largo viacrucis burocrático debido a la falta de una política de Estado que diseñe e implemente medidas que favorezcan de manera diferenciada a las comunidades y familias en contextos de retorno, facilitando su reintegración al país.
La vida en Estados Unidos no solo generó relaciones laborales, sino también vínculos médicos, civiles, educativos, culturales y familiares. El retorno, por tanto, afecta tanto a las estructuras familiares como a las comunidades en ambos países. Una vez en México, la carga emocional, burocrática y de cuidados recae principalmente en las mujeres, quienes no logran construir proyectos de vida en entornos seguros o se ven obligadas a pausar sus proyectos.
Por todo ello, llaman al Estado mexicano a avanzar hacia la creación de una política de Estado que repare la deuda histórica con la población migrante y sus familias en contextos de retorno. Entre sus demandas urgentes se encuentran: el reconocimiento constitucional de las personas, familias y comunidades en contextos de migración, tanto en México como en el extranjero; la cancelación de las deportaciones nocturnas; la creación de un Consejo Coordinador permanente de personas deportadas, retornadas y sus familias en México y Estados Unidos, con el fin de garantizar una perspectiva de movilidad, género e interculturalidad en las políticas públicas y programas de atención a esta población; y el diseño de una política integral para las personas, familias y comunidades en contextos de retorno, con presupuesto asignado y mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para cada entidad federativa.
En cuanto a la documentación, solicitan la emisión de un decreto presidencial que reconozca la matrícula consular, la credencial de elector, el pasaporte emitido en el exterior y las hojas de repatriación como documentos válidos para acceder a derechos y servicios privados. También piden la digitalización de las actas de nacimiento en los registros civiles de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa y Jalisco, y garantizar la gratuidad en los trámites de inscripción de nacionalidad mexicana para niñez y adolescencia nacida en Estados Unidos con madre, padre o ambos mexicanos.
Recientemente se presentó la estrategia “México te abraza”, en respuesta a las medidas de la nueva administración de Estados Unidos, la cual exige ajustar las reglas de operación de los Programas de Bienestar para adaptarlas al contexto de retorno de personas y familias sin documentos de identidad. También se requiere generar un diagnóstico nacional de la población en contextos de retorno en cada entidad federativa, considerando a las unidades familiares, y desarrollar campañas de difusión dirigidas a las autoridades del Registro Nacional de Población e Identidad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y la Secretaría del Bienestar para garantizar la implementación de normativas vigentes.
Como personas retornadas buscan no sólo que se les faciliten los procesos de reinserción al país, sino que se reconozca que tienen vínculos en ambos países que no se pueden invisibilizar o borrar con la deportación.
