Michel Bérrios dejó Estados Unidos poco antes de que terminara el año, convirtiéndose en un ejemplo temprano del impacto de las políticas migratorias impulsadas por el entonces presidente electo Donald Trump, incluso antes de que asumiera oficialmente el cargo.
Bérrios, conocida por liderar un movimiento estudiantil en Nicaragua, residía legalmente en Estados Unidos con casi un año restante en su permiso de estancia. Esto se debía a una política temporal implementada por Joe Biden, que otorgaba protección a ciudadanos de países considerados vulnerables. Sin embargo, el tono hostil hacia los inmigrantes durante la campaña electoral le hizo revivir recuerdos angustiantes de su pasado en Nicaragua, donde tuvo que esconderse de las autoridades.
Expertos en migración y defensores de derechos humanos consideran que casos como el de Bérrios reflejan cómo la incertidumbre y el temor pueden llevar a las personas a abandonar el país, incluso si su estatus migratorio es legal. Esto, dicen, responde a la estrategia de “autodeportación”, en la que las condiciones adversas hacen que los migrantes decidan irse por voluntad propia.
“Pensaba que este país, al no ser del tercer mundo como el mío, tendría más cultura. Pero encontrarte en una situación donde no eres bienvenido es un golpe muy duro”, comentó Bérrios, de 31 años, días antes de abandonar Estados Unidos.
La autodeportación beneficia indirectamente a las políticas de Trump al reducir la cantidad de migrantes sin necesidad de grandes operativos. Aunque Trump prometió deportar a millones de personas, las cifras reales durante su primer mandato nunca superaron las 350,000 deportaciones al año. Esto se debe, en parte, a limitaciones logísticas como la disponibilidad de camas de detención.
“Si quieres autodeportarte, adelante, porque sabemos quién eres y vamos a buscarte”, expresó Tom Homan, quien sería responsable de la política fronteriza bajo la administración de Trump.
Bérrios, quien vivía legalmente en California con un primo y trabajaba en la recepción de un taller mecánico, comenzó a sentirse incómoda tras la elección de Trump debido al aumento de comentarios antiinmigrantes entre sus colegas.
En Nicaragua, su vida ya había estado marcada por la represión política bajo el gobierno de Daniel Ortega. “Estuve escondida por cinco años, cambié mi rutina completamente y no podía visitar a mi familia ni amigos”, relató sobre esa etapa. Con el regreso de Trump, sintió que la incertidumbre regresaba.
Melanie Nezer, experta en migración, señala que este miedo es común entre quienes tienen permisos temporales, ya que su estatus puede cambiar repentinamente. Alrededor de un millón de personas en Estados Unidos tienen protección temporal, mientras que 500,000 cuentan con permisos humanitarios, como el de Bérrios. Trump manifestó su intención de eliminar ambos programas.
En 2018, Bérrios llevaba una vida estable en Nicaragua, trabajando en un centro de llamadas y con planes de estudiar una maestría en danza. Sin embargo, las protestas sociales contra cambios en el sistema de seguridad social derivaron en una represión violenta. Bérrios, como líder estudiantil, se convirtió en un blanco del gobierno, que tildó a los manifestantes de “terroristas”.
Un primo estadounidense le ofreció patrocinarla en 2023 bajo una política de Biden que permitía a ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela ingresar legalmente con un patrocinador. Desde 2022, cerca de 100,000 nicaragüenses han utilizado este programa.
A pesar de su llegada a Estados Unidos, el ambiente político le resultó insoportable. Sin la opción de regresar a Nicaragua, en diciembre decidió mudarse a Irlanda, donde contaba con amigos del movimiento estudiantil.
“Sentí que Irlanda representaba nuevas oportunidades”, afirmó.
En Irlanda, el proceso de asilo es más rápido que en Estados Unidos, explicó Susan Fratzke, del Instituto de Política Migratoria. Además, el país no ha mostrado el rechazo hacia migrantes que otros lugares de Europa han experimentado.
Bérrios solicitó protección humanitaria en el aeropuerto de Dublín y recibió rápidamente una identificación válida por un año. Ahora comparte vivienda con mujeres de Somalia, Egipto y Pakistán en un alojamiento financiado por el gobierno.
Mientras espera la resolución de su caso, Bérrios planea inscribirse en la escuela y solicitar un permiso de trabajo. Si todo va bien, podría obtener la residencia permanente en un año. “Hacemos sacrificios con la esperanza de que las cosas salgan bien. Tal vez no exactamente como planeamos, pero sí lo suficientemente cerca”, reflexionó.
