La propuesta del gobierno de Estados Unidos de firmar un acuerdo de tercer país seguro con México representa una amenaza directa para las personas que buscan protección internacional en territorio estadounidense. Bajo este tipo de acuerdo, la mayoría de las personas que pasan por México tendrían que solicitar asilo aquí y los Estados Unidos podrían devolver a personas a territorio mexicano, desde la frontera, sin tomar en cuenta los motivos de su miedo a regresar a su país de origen.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un acuerdo de tercer país seguro puede ser factible siempre y cuando una persona refugiada o solicitante de asilo pueda: ingresar y permanecer en el primer país (México en este caso); estar protegida contra el retorno forzado y sea tratada de acuerdo con los estándares humanos básicos; no estar sujeta a persecución ni a amenazas contra su seguridad y libertad; y tener acceso a una solución duradera. Además, los acuerdos de tercer país tienen que establecer excepciones para la reunificación familiar y ciertas categorías de personas en contextos de vulnerabilidad.
Estos requisitos mínimos no se cumplen. Primero, las personas con necesidades de protección en México no están protegidas del retorno forzado. En el informe El principio de no devolución (non refoulement) en Mexico 2024 se documentaron 257 personas que habrían sido detenidas y devueltas a su país de origen en violación del principio. De las personas detectadas, 205 eran personas reconocidas como refugiadas, de las cuales, el 4% fueron niñas, niños y adolescentes, 68% hombres y 32% mujeres.
Segundo, es importante considerar el contexto de la región en el cual la mayoría de las personas que solicitan asilo en Estados Unidos ya cuentan con familiares en ese país, por lo que no sólo buscan protección internacional sino el derecho a la unidad familiar. En particular, mujeres, niñas y niños muchas veces intentan alcanzar a sus parejas o madres y padres que llegaron primero; y la niñez y la adolescencia no acompañada necesitan reunificarse con sus familiares a la vez que solicitan protección.
Tercero, desde que llegó Trump a la presidencia en 2017, en su primera administración, presionó al gobierno mexicano a que implementará acciones más crueles para contener la migración hacia su frontera norte. Esto incluyó la militarización de las rutas migratorias y la implementación del protocolo “Quédate en México”, medida que en teoría buscaba “proteger” a las personas solicitantes de asilo de la deportación inmediata, en la práctica, obligó a por lo menos 82 mil personas a esperar la resolución de sus solicitudes de asilo estadounidenses del lado mexicano. La promesa de “seguridad” nunca fue real.
La violencia hacia las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en México es una realidad alarmante. Bajo las condiciones actuales, México no puede garantizar la seguridad de miles de personas que buscan protección, lo que hace que la propuesta o mera insinuación de convertir al país en un tercer país seguro sea aún más peligrosa. Las personas se ven atrapadas en un limbo de inseguridad, sin garantías de protección ni derechos humanos básicos.
Finalmente, en términos de infraestructura, recursos y políticas de acogida para cumplir con el requisito de la “solución duradera”, México enfrenta enormes desafíos. Aunque el gobierno mexicano ha mostrado, en algunos momentos, esfuerzos por mejorar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, el país carece de un sistema de asilo efectivo y de programas de integración adecuados. La falta de recursos, personal capacitado y políticas públicas claras para la protección de las personas con necesidades de protección internacional crea un entorno poco favorable para quienes buscan asilo en el país.
Aceptar la imposición de un tercer país seguro significa que México estaría aceptando un rol subordinado en relación con la política migratoria de Estados Unidos, lo que podría generar una mayor dependencia de la política exterior estadounidense y perpetuar la desigualdad entre ambos países.
En lugar de convertir a México en un tercer país seguro es imperativo que se busquen soluciones regionales y cooperativas para gestionar el flujo migratorio de manera más humana. Los gobiernos de América Latina, Estados Unidos y México deben trabajar juntos para crear políticas que respeten los derechos humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, que no recaigan injustamente sobre un solo país. México, como miembro de la comunidad internacional, tiene el derecho de decidir cómo manejar su propia política migratoria y no debe ser presionado para tomar decisiones que pongan en peligro la vida de miles de personas que huyen de situaciones extremas en sus países de origen.
Se debe promover una política migratoria más justa y equitativa, basada en la cooperación y el respeto mutuo entre los países involucrados, donde se garantice la protección de los derechos humanos de todas las personas con necesidades de protección internacional.
