Donald Trump amenaza con deportaciones masivas con apoyo de agencias federales, basada en las tácticas utilizadas durante su primer mandato. Esto incluiría el aprovechamiento de recursos federales y la presión sobre las jurisdicciones denominadas “santuario” para que colaboren, de acuerdo con varios exfuncionarios y aliados cercanos a Trump.
Tras anunciar su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, Trump afirmó que Estados Unidos le había otorgado un “mandato claro y sin precedentes”, lo que refuerza sus planes para llevar a cabo una de las mayores operaciones de deportación en la historia reciente.
Su equipo, que incluye a personas que podrían formar parte de su gobierno en un segundo mandato, anticipa que el nuevo presidente republicano recurrirá a todas las herramientas disponibles, desde el ejército hasta los diplomáticos, para cumplir su promesa de deportaciones masivas.
Este esfuerzo también buscaría la colaboración de los estados gobernados por el Partido Republicano y usaría los fondos federales como una forma de presión sobre las áreas que resisten colaborar.
Los seguidores de Donald Trump han estado observando los resultados de las elecciones, como en un evento reciente en Las Vegas, Nevada, el 5 de noviembre de 2024.
Trump, al recuperar la Casa Blanca, prometió intensificar su lucha contra la inmigración. Su campaña electoral se centró en la promesa de deportar a un número récord de migrantes, un plan que podría llegar a expulsar hasta un millón de personas al año, según estimaciones de JD Vance, su compañero de fórmula.
Los defensores de los derechos de los migrantes alertan sobre los altos costos, la polarización y la inhumanidad de un esfuerzo de deportación masivo, que podría resultar en la separación de familias y la destrucción de comunidades.
Durante su presidencia de 2017 a 2021, Donald Trump ya intentó aumentar las deportaciones. Sin embargo, aunque el presidente Joe Biden deportó a más personas en el año fiscal 2023 que en cualquier año bajo Trump, sumando expulsiones y devoluciones rápidas a México, una operación de deportación de gran escala necesitaría muchos más recursos, incluyendo agentes, espacio de detención y jueces de inmigración. Según el American Immigration Council, el costo de deportar a 13 millones de personas en situación irregular podría superar los 900 mil millones de dólares en una década.
Tom Homan, exdirector interino de ICE, quien podría regresar al gobierno de Trump, señaló en una entrevista en octubre que el alcance de las deportaciones dependería de los recursos y las condiciones de detención disponibles.
Aunque Trump podría aprovechar la experiencia de su primer mandato, se enfrenta a posibles obstáculos por parte de funcionarios del gobierno que se oponen ideológicamente, especialmente aquellos encargados de revisar las solicitudes de asilo.
Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y otras organizaciones defensoras de los migrantes ya se están preparando para enfrentar batallas legales si Donald Trump vuelve a desafiar los límites de su autoridad.
