El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió este lunes una solicitud de arresto a Javier Milei, presidente de Argentina y dos de sus funcionarias, en respuesta a una petición del Ministerio Público (MP) venezolano.
La semana pasada, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, comunicó que se inició una investigación penal basada en el derecho internacional contra Milei, la secretaria general de la presidencia argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta investigación se centra en la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad y el “robo” de una aeronave propiedad del Estado venezolano.
Este anuncio se produjo después de que el gobierno de Javier Milei solicitara a la Corte Penal Internacional (CPI) la detención del presidente Nicolás Maduro.
De qué se les acusa
El avión venezolano, retenido en Argentina durante el mandato del expresidente Alberto Fernández y confiscado por la justicia estadounidense por supuestamente violar “sanciones y leyes de exportación”, además de tener presuntos vínculos con el terrorismo, fue trasladado a Estados Unidos a principios de este año, donde fue desmantelado.
La aeronave, un Boeing 747 con matrícula YV3531, perteneciente a la compañía venezolana Emtrasur, filial de Conviasa, y previamente propiedad de la aerolínea iraní Mahan Air, estuvo detenido en Argentina desde junio de 2022. Su tripulación, compuesta por 14 venezolanos y 5 iraníes, fue detenida temporalmente, sometida a una investigación y luego liberada.
La fiscalía venezolana acusa a los tres funcionarios argentinos de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
Paralelamente, la semana pasada, víctimas venezolanas, representantes del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fiscalía de Argentina solicitaron el arresto de Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno, bajo acusaciones de crímenes de lesa humanidad, basándose en el principio de jurisdicción universal de los Derechos Humanos.
En 2022, el fiscal federal argentino Carlos Stornelli imputó a catorce militares venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales de 2014, tras una denuncia presentada por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ). Esta imputación se apoyó en la jurisprudencia argentina en materia de derechos humanos.
Argentina se ha convertido en el primer país en solicitar formalmente a la CPI que emita órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Aunque durante el mandato de Fernández, Argentina se retiró de la demanda conjunta, el gobierno de Milei, en julio de este año, informó su intención de reincorporarse a dicha denuncia.
En 2021, la Fiscalía de la CPI anunció la apertura de una investigación formal sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad, los cuales el gobierno venezolano niega que hayan ocurrido.
