Las organizaciones de la sociedad civil trabajaron con el poder legislativo local y federal para mejorar el acceso al registro de la nacionalidad mexicana para niñas y niños nacidos en el extranjero con madre, padre o ambos mexicanos, viviendo en México. En mayo de 2024, el Congreso pasó una reforma que dispensa el requisito de apostilla y facilita el acceso a la doble nacionalidad para más de 600,000 niñas y niños en México. La identidad es clave para acceder a otros derechos como la educación y la salud, por lo que construir los lineamientos para la implementación de la dispensa de la apostilla facilitará la integración de las familias transnacionales al país, un pendiente más alcanzable y que tocará a la siguiente administración hacer realidad.
Al nivel ejecutivo, la política migratoria oficial de México bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador ha incluido objetivos de desarrollo en países de origen, sobre todo con la extensión de los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida a diferentes países de Centroamérica, así como el planteamiento de integración en México. Sin embargo, desde 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha dejado de entregar la documentación que por ley tendría que otorgar a solicitantes de asilo, personas reconocidas como refugiados, así como personas víctimas de delitos, por lo que es imposible lograr su integración a la economía formal sin autorización para trabajar.
En temas de acceso a protección internacional, el gobierno tendrá que designar un presupuesto mayor a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), de lo que hasta ahora se ha destinado, y el INM tendrá que aplicar la Ley de Migración. Hay oportunidades para el Congreso que debe implementar reformas para ampliar el plazo para poder solicitar asilo una vez en México y eliminar la restricción que impide que las personas pueden dar seguimiento a sus solicitudes desde otros estados. Para las mujeres huyendo de la violencia en Centroamérica, la posibilidad de esperar sus solicitudes de asilo desde estados del centro o norte del país es sumamente importante.
Para facilitar la integración de las personas refugiadas y migrantes que quisieron quedarse en México, la nueva administración debe tomar múltiples acciones. Primero, las personas necesitan documentación migratoria, temporal o permanente, dependiendo de sus planes y cada situación. La documentación migratoria debe demostrar claramente que la persona tiene autorización para trabajar, solamente así los cientos de empleadores que han ofrecido integrar a personas migrantes y refugiadas en sus empresas podrán contratarlas, así como acceder a una Clave Única de Registro de Población (CURP) y al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), necesarios para una integración formal a la vida laboral del país.
Una vez que las personas cuentan con autorización para trabajar, las demás necesidades básicas también se tendrían que facilitar, en línea con los derechos constitucionales de todas las personas en México. Eso significa acceso a salud y a educación, independientemente de la nacionalidad de la persona. El marco educativo ya cumple con todo lo necesario para el registro y continuación de estudios para niñas, niños y adolescentes, pero falta difusión y capacitación a las autoridades escolares para que sea una realidad. Para las madres y los padres, el acceso pleno a la educación de sus hijas e hijos es necesario para el desarrollo intelectual y social, pero también para que ellas y ellos puedan trabajar. Eliminar las barreras para la vivienda y el acceso a servicios financieros es otro pendiente que se podría mejorar con un poco de voluntad política. Por ejemplo, la mayoría de los bancos no aceptan documentación migratoria temporal, como la tarjeta por razones humanitarias, para abrir una cuenta, y si lo hacen, los montos de las cuentas están topados a $20,000 pesos.
En este próximo sexenio, la administración de Claudia Sheinbaum, junto con el Congreso y el Poder Judicial, tendrá muchas oportunidades para seguir contribuyendo a la protección de las mujeres y la niñez en contextos de movilidad en el país. Incluso, Juan Ramón de la Fuente, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, en una entrevista reciente reconoció la necesidad de facilitar la integración de las personas migrantes en México, incluyendo el acceso al trabajo, a la educación y a la salud. La agenda está muy clara, hay que ver si la voluntad política aún existe en octubre cuando entre Claudia Sheinbaum y su nueva administración.
