La violencia y el crimen organizado han alcanzado a los albergues para personas migrantes en Tijuana, manifestándose de diversas maneras.
El llamado “cobro de piso”, la persecución de residentes de los albergues y la mezcla de los contrabandistas de personas entre migrantes son algunas de las formas en las que se están viendo afectados.
Esta situación ha sido dada a conocer por las cabezas de distintos albergues; hombres y mujeres que no detienen su labor incluso en medio de ataques y amenazas de muerte.
A continuación presentamos una serie de testimonios planteados los activistas:
- Albert Rivera Colón, director del albergue Ágape Visión Mundial
- Gustavo Banda, del albergue Embajadores de Jesús
- José María Lara, presidente de la Alianza Migrante en Tijuana y director del albergue Movimiento Juventud 2000
- Claudia Portela, administradora del Proyecto Salesiano en Tijuana
- Susana Barrales, directora del albergue Casita de Unión Trans en Tijuana
Ágape Visión Mundial, un albergue con constantes denuncias
Hace unas semanas Albert Rivera Colón, quien dirige este albergue difundió una serie de imágenes en las que se aprecia a individuos que presuntamente llegan buscando a una persona en particular.
De igual forma muestra cómo es que la persona perseguida entra en estado de pánico al saberse localizada.
“Estas dos personas supuestamente vienen a buscar a su señora, están amedrentando a la señora, causando caos aquí y llegó la Guardia Nacional.
Son personas que buscan a los migrantes que están siendo resguardados y protegidos, pedimos ayuda a las autoridades para que protejan al albergue Ágape, por favor”, se escucha decir a Rivera.
La situación no es nueva, ya que el pastor Rivera, como popularmente se le conoce, se ha caracterizado por enfrentar de forma directa al crimen organizado que trata de afectar a sus residentes.
Cabe recordar que meses atrás viajó hasta Tamaulipas para encarar a quienes secuestraron a un grupo de migrantes que tendrían su cita para la solicitud de asilo en aquella entidad.
Foto: Cortesía
Embajadores de Jesús: enfrentando el cobro de piso y la persecución de migrantes
Tijuana cuenta con una red de 33 albergues para migrantes de los cuales 30 funcionan gracias al trabajo y organización de la sociedad civil.
El albergue Embajadores de Jesús es el lugar de acogida de personas en contexto de movilidad más grande de Tijuana con una población actual que oscila en los mil 400 residentes.
Gustavo Banda, quien dirige el proyecto, resaltó que la constante llegada de desplazados por la violencia que se vive en el sur de México, los ha llevado a la vista del crimen organizado.
Señaló que un patrón común es la llegada de núcleos familiares integrados por madres e hijos a quienes les asesinaron a sus hijos mayores o esposo.
“Llegan aquí y todavía los siguen buscando, mandando mensajes, fotografías de la iglesia y les dicen que ya los tienen ubicados y que vendrán por ellos.
Por otra parte contó que en las recientes elecciones, los delincuentes amenazaron a residentes para obligarlos a votar por ciertos candidatos a fin de no emprender represalias contra familiares en sus lugares de origen.
Agregó que en otros casos le han reportado el cobro de 80 mil pesos por cada uno de los integrantes de la familia que salió desplazado o de lo contrario el crimen organizado asesinaría a quienes se quedaron.
“A nosotros nos han amenazado telefónicamente, quieren cobro de piso, por ejemplo, pero no ha pasado a mayores, si ya levantamos un acta en el Ministerio Público, pero no ha pasado absolutamente nada”, declaró.
El crimen organizado se aprovecha de la desesperación en Movimiento Juventud 2000
José María García Lara, refirió que dentro de organismo que coordina, también hay casos de personas que son perseguidas por quienes les violentaron.
Lamentó que sistemas como el de la aplicación CBP One sean lentos y que no prioricen a quienes huyen de violencia incluso mientras esperan su turno.
“La gente queda expuesta completamente ante estas personas que vienen desde sus lugares de origen para amedrentarlos”.
Actualmente el albergue que dirige tiene como residentes a familias completas que siguen esperando su turno para solicitar asilo en Estados Unidos desde hace más de nueve meses.
Tal y como fue revelado hace unas semanas en madres desplazadas piden que no las olviden ,mujeres ya han detallado como incluso estando ya dentro del albergue fueron notificadas del secuestro de alguno de sus familiares así como el miedo con el que viven día a día mientras esperan su cita.
También “visitan” al Proyecto Salesiano
Actualmente dentro de las seis obras del Proyecto Salesiano que operan en Tijuana, dos cumplen la función de albergar a personas en contexto de movilidad.
Y su administradora, Claudia Portela contó cómo es que poco a poco la inseguridad intenta permear en su institución.
“A nosotros también nos visitaron, fueron al Desayunador y vinieron aquí (centro multiservicios de la colonia Castillo) y pero yo estaba presente.
Le pedimos que se identificaran ya que eran particulares y no los dejamos pasar, ni les dimos información”
Explicó que en un solo día los dos lugares recibieron personas que llegaron solicitando información confidencial y en ambos casos la administradora estaba presente.
Aunque resaltó que en ningún momento hubo un comportamiento grosero o intimidatorio, no lograron demostrar de forma oficial el porqué de la insistencia en obtener datos del lugar.
Respecto al crimen organizado que trafica con personas, informó que en lo que va del 2024, han detectado al menos a cinco personas, tres de ellas mujeres que intentaron hacerse pasar por migrantes.
“Te tratan de demostrar que tienen poco tiempo en la ciudad, pero empiezas a observar conductas o preguntas, generalmente tratan de ingresar para empezar a ver”.
Abundó que en estos casos terminan por reservarse el derecho de admisión a fin de que los presuntos infiltrados no permanezcan en el lugar.
La situación ha generado algunas represalias que no detienen el trabajo de los salesianos.
“Siempre hay amenazas, si vamos a dejar de hacer lo que hacemos por las amenazas, no haríamos nada de este mundo.
Hemos recibido llamadas, pedradas, intentar robar y diferentes cosas” sentenció.
Resguardando a migrantes LGBT entre amenazas de muerte y botones de pánico
Por si fuera poco, la comunidad LGBT tampoco se ve exenta de esta situación, Susana Barrales, directora de la Casita de Unión Trans en Tijuana, declaró que también ha sido víctima de la violencia.
“Lo único que a mí me ha tocado vivir son amenazas de muerte relacionadas con el albergue, como soy la directora y la que tiene más visibilidad”
Lamentó que ante la situación tiene que vivir con un botón de pánico a la mano ya sea en su hogar o en el albergue
“Este año he recibido cuatro amenazas de muerte, me han roto los cristales del carro y más cosas fuertes, muchas compañeras se han ido pero aquí seguimos luchando”, finalizó
Perciben a las autoridades como un arma de doble filo
En tiempos anteriores, el albergue Embajadores de Jesús funcionó como punto de llegada para la Policía Municipal a fin de hacer revisiones constantes que según dijo el Pastor Banda, generaban confianza.
Sin embargo la supuesta falta de elementos policiacos ha provocado que ninguna autoridad se acerque a velar por la seguridad de los albergados.
“Se han justificado diciendo que no hay suficientes elementos para cubrir todas las áreas, nos han dicho que en Playas de Tijuana hay pocos elementos y no pueden estar acudiendo al albergue”.
Y además las denuncias correspondientes en la Fiscalía, no han visto avance alguno.
En cambio, para Claudia Portela la falta de la presencia policiaca no siempre es tan negativa ya que en los alrededores del Desayunador Padre Chava, es común ver a policías con mala actitud hacia los beneficiarios que regularmente son personas sin hogar.
También declaró que para evaluar la existencia de protocolos de seguridad para activistas o defensores de derechos humanos es necesario verificar cómo funcionan y cómo es que se aplican.
“El tema es ver cómo se dan, qué puede haber ¿y qué pasa al final del día?”, cuestionó.
Hasta el momento no hay declaraciones por parte de autoridades de ningún nivel que respondan a la evidente presencia del crimen organizado y la inseguridad en la que se encuentran este sector.
