Ley contra migrantes en Georgia: Consulado mexicano de Atlanta anuncia acciones legales

Javier Díaz de León, el cónsul general de México en Atlanta, destacó que la protección de los derechos de los connacionales en la ciudad es una prioridad para el gobierno mexicano.

La HB 1105, promovida por los republicanos, entró en vigor el 1 de mayo, sin embargo, varios medios reportaron que realmente se implementó el 1 de julio.

Consulado de Atlanta ofrece ayuda por ley contra migrantes en Georgia

Afirmó que el consulado está preparado para utilizar todas las herramientas legales disponibles para otorgar ayuda. El funcionario comentó que la nueva ley podría llevar al acoso, detención, deportación e incluso criminalización de los inmigrantes, creando un ambiente de miedo e incertidumbre.

Por ello, hizo un llamado a los mexicanos a acercarse al consulado para recibir asistencia y evitar caer en la desinformación.

Oswaldo A. Canto, cónsul adjunto, explicó que la ley no significa que se suspendan los derechos de las personas. Recordó que la Constitución de Estados Unidos protege a las personas con permanecer en silencio si no tienen una orden judicial.

Entre las recomendaciones emitidas por el Consulado para los mexicanos se encuentran:

• Evitar conflictos con la policía como incidentes de violencia doméstica, altercados públicos o infracciones de tránsito
• Si eres detenido, tienes derecho a guardar silencio, contactar a un abogado y comunicarte con el consulado

✅Recomendaciones
Entrada en vigor de la ley HB1105 para Georgia y SB2576 para Tennessee.#ConoceTusDerechos#ProteccionConsular@SRE_mx @vcalva pic.twitter.com/dTYM9pkXWZ

— Consulmex Atlanta (@ConsulMexAtl) July 1, 2024

¿Qué dice la ley contra migrantes en Georgia?

La ley HB 1105 ordena a los departamentos de policía y alguaciles a verificar si los detenidos tienen documentación para estar en el país y que informen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si no lo tienen.

Si las agencias locales no cumplen con estas disposiciones, podrían perder los fondos estatales y los oficiales podrían enfrentar consecuencias legales.