El pasado 04 de junio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una orden ejecutiva que limita el acceso a personas migrantes y solicitantes de protección internacional a territorio estadounidense. A través de medidas temporales implementadas cuando las autoridades consideren que su frontera sur esta “desbordada”. La medida es parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) –212(f) y fue la misma justificación que utilizó Donald Trump para implementar el Título 42, de marzo de 2020 a mayo de 2023.
La orden ejecutiva, que entró en vigor el 05 de junio, cierra temporalmente las solicitudes de asilo una vez que el número promedio de encuentros diarios de personas migrantes supere los 2,500 en los puertos de entrada de la frontera entre México y Estados Unidos. Si el número de personas detenidas disminuye a menos de 1,500, la medida se levantará y se restablecerá la garantía de una entrevista sobre temor fundado para solicitar protección internacional, una posibilidad muy baja si se toma en cuenta que desde febrero de 2021 se registra la entrada de más de 2,500 personas por día. A diferencia de Título 42, las personas retornadas recibirán una sanción de reentrada de hasta 5 años. Esto significa que, si vuelven a entrar de forma irregular, podrían ser encarceladas.
Aunque la medida tiene algunas excepciones para las niñas, niños y adolescentes no acompañados, no mexicanos, víctimas de trata y quienes puedan comprobar fehacientemente que serían víctimas de tortura, bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, nuevamente se transgrede el derecho al asilo de las personas, y sin una opción viable para buscar seguridad, e incluso en riesgo de ser deportadas a México o a sus países de origen, por lo que tendrá un impacto negativo en mujeres y familias con niñas y niños que no están seguras en México y no pueden esperar los tres o seis meses para una cita con CBP One, por lo que el resultado puede ser más separaciones familiares, porque las familias van a tener que tomar la decisión de quedarse en un lugar inseguro o enviar a sus hijas e hijos solos por la frontera. En tanto que, las personas con cita en la aplicación CBP One no se verán afectadas. Se continuará con las 1,450 citas diarias, por lo que las personas podrán seguir esperando sus citas.
Este anunció se dio a cinco meses de las elecciones en Estados Unidos y con una presión constante sobre la administración Biden para cerrar su frontera sur bajo la percepción de un incremento en las entradas de personas migrantes, por lo que esta administración intenta proyectar una política de control migratorio que le ayude a ganar más votos en las elecciones de noviembre.
Del lado mexicano, el impacto será la devolución de personas mexicanas y nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela toda vez que desde enero de 2023 el gobierno de México acordó recibir hasta 30,000 personas provenientes de esos cuatro países cuando hubieran cruzado la frontera de manera irregular sin una cita bajo CBP One, y no puedan comprobar un temor creíble de regresar a sus países de origen o a México. Bajo el acuerdo actual, también se ha recibido a población de El Salvador, Guatemala y Honduras. Sin que existan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de estas poblaciones.
Esta orden ejecutiva es violatoria de derechos, y es probable que sea litigada en las cortes federales estadounidenses porque contradice el derecho a solicitar asilo para cualquier persona que llega a Estados Unidos, derecho garantizado en el artículo 208 de la Ley de Inmigración. Además de transgredir lo establecido en la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951.
