Desafortunadamente, cada vez más, México no es un lugar seguro para las familias migrantes, muchas veces como consecuencia de las políticas migratorias implementadas. En su travesía por el país son objeto de múltiples violencias y delitos -robo, extorsiones, agresiones físicas y sexuales, y secuestros- a manos, incluso, de agentes migratorios y policías de diferentes niveles, y todo porque la política migratoria les impide poder cruzar el país en condiciones de menor vulnerabilidad.
Las revisiones migratorias en carretera y el no poder comprar un boleto de autobús en y para cualquier punto del país hace que las familias recurran a vías de mayor riesgo, el resultado: accidentes en carretera que cobran la vida de las personas. Quienes logran subirse a un autobús, la incertidumbre del camino es la constante. Hace unas semanas, en la carretera Matamoros-Reynosa, 32 personas migrantes de Honduras y Venezuela (12 mujeres, 9 hombres y 11 niñas, niños y adolescentes) fueron secuestrados. Todas contaban con una cita de CBP One para entrar a Estados Unidos. Tres días más tarde fueron liberadas en circunstancias poco claras. El gobierno se ciñó a decir que lo importante es que estaban libres y a salvo, y previamente la secretaria de Seguridad y Protección, Rosa Icela Rodríguez, calificó el hecho de “atípico”, como si fuera una cuestión del número de personas y no del delito en sí, el secuestro.
El secuestro, desaparición y masacres de personas migrantes en Tamaulipas y otras regiones del país no han cesado en más de una década. De acuerdo con el último Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, más de 70 mil personas han sido víctimas de tráfico y secuestro en el país. Pese a la dimensión del problema, la Unidad de Investigación de Delitos Para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República sólo tiene registro de 38 denuncias de secuestro entre 2016 y 2022, mientras que la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación registró, entre enero y noviembre de 2023, 94 casos de secuestro con base en estadísticas levantadas entre las personas migrantes que son detenidas por el Instituto Nacional de Migración, lo que refleja el subregistro de casos, la impunidad y la falta de investigación de las autoridades. La mayoría de los delitos que viven las personas migrantes no son denunciados, ya sea por falta de confianza en las autoridades mexicanas, por temor a represalias, o por falta de conocimiento de las vías para las denuncias.
Aunque existen diversas recomendaciones de la CNDH sobre secuestros y masacres de personas migrantes, en las que solicita a las autoridades federales y estatales tomar medidas pertinentes y articuladas para prevenir ese tipo de delitos, y proteger a la población migrante, a la fecha no se han tomado medidas y los secuestros continúan.
Como organizaciones de la sociedad civil hemos impulsado el cumplimiento de las recomendaciones, la instalación de una mesa interinstitucional que involucre a autoridades federales y locales para el diseño, creación e implementación de un programa de prevención de secuestros y masacres de personas migrantes en Tamaulipas, sin embargo, necesitamos más voluntad política y mecanismos reales. Mientras que en el caso de las 32 personas secuestradas, comprender mejor qué fue lo que pasó, por qué se eligió a este grupo, qué autoridades podrían estar involucradas, cómo se dio la liberación, y qué o quién influyó para que el caso se atendiera desde el más alto nivel; ya que si existen buenas prácticas, es urgente identificarlas y replicarlas, al tiempo que seguiremos exhortando a las autoridades a acciones claras para la protección efectiva, la investigación oportuna, el acceso a la justicia y la reparación del daño para las personas y las familias migrantes víctimas de secuestro en el país. ¿Cuántos secuestros más seguiremos contabilizando hasta que el gobierno deje de minimizarlos?
