El 27 de noviembre se cumplen 8 meses del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes perdieron la vida, 27 resultaron heridos con daños físicos y neuronales permanentes, y 15 mujeres sobrevivieron. Después de todo ese tiempo la justicia y la reparación integral del daño siguen pendientes para los migrantes y sus familias. Incluso las 15 mujeres no han sido reconocidas como víctimas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Como organizaciones que representamos y acompañamos a algunos de los sobrevivientes y sus familias, no sólo es indignante que no llegue la reparación del daño, sino que el responsable, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), siga en funciones. Toda vez que lo sucedido en Juárez no es la primera vez, ni un hecho aislado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido más de 80 recomendaciones por las condiciones de detención en las estaciones migratorias que han desencadenado en la muerte de personas migrantes.
Como parte de las acciones en busca de justicia para este caso, el pasado 9 de noviembre se llevó a cabo una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el nombre “México: derechos humanos y acceso a la justicia de personas detenidas por motivos de inmigración”. Las organizaciones expusimos cómo la actual política migratoria tiene costos altos para las personas migrantes y con necesidades de protección; mientras que una de las víctimas expuso lo que sucedió esa noche del 27 de marzo y el desdén de las autoridades migratorias, “la estancia migratoria de Ciudad Juárez parecía una cárcel, no había ventilación, las puertas y las ventanas estaban cerradas. Esa noche veías el lugar en llamas y poco a poco el humo nos cubría, corríamos de un lugar a otro, era una desesperación, gritábamos para que nos abrieran la puerta, pero se hicieron de la vista gorda y no nos dejaron salir. Cuántas familias dejaron solas, sin los padres, hijos que se quedaron solos, y uno se pregunta una y otra vez, por qué nos dejaron encerrados”.
La audiencia fue parte del 188° periodo de sesiones de la CIDH. En ella, compartimos cómo México implementa una política migratoria de contención, en complicidad con Estados Unidos, a cualquier costo, incluida la muerte o crímenes de lesa humanidad, incluso cuando las personas se encuentran en su custodia bajo la figura de la detención migratoria en estaciones y estancias migratorias a cargo del INM.
De 1993 a 2023, las estaciones migratorias han provocado más de 1,023 víctimas, de las cuales 51 han fallecido, y 45% han sido mujeres. La CNDH ha documentado cerca de 20,000 secuestros de migrantes entre 2009 y 2011, y 70 casos de secuestro, trata y tráfico de 2012 a 2021; además de 4,424 quejas de personas migrantes en contra de personal del INM, entre 2020 y 2022. Mientras que datos de WOLA señalan que entre 1998 y 2022 se han registrado 9,515 muertes de personas migrantes en la frontera norte; y el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones registró 4,825 personas migrantes desaparecidas y fallecidas en la frontera México-Estados Unidos, el 70% se han registrado en este sexenio y en casi el 50% de los casos se desconoce la causa de muerte.
Nuevamente, las organizaciones reiteramos nuestro llamado constante al Estado mexicano: eliminar las revisiones migratorias dentro del territorio por basarse en perfilamientos raciales, y porque son la puerta de entrada a la detención masiva de personas y de las violaciones graves a sus derechos, como la incomunicación, la tortura, la extorsión y la incertidumbre. Y es que la detención migratoria en México sigue siendo arbitraria, inconstitucional, prolongada, indigna, y violatoria de estándares internacionales de derechos humanos. Aún con sentencias firmes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay cambios estructurales a las leyes que eviten la repetición de actos atroces en contra de las personas migrantes.
A las y los comisionados de la CIDH los llamamos a realizar una visita in situ para que constaten las condiciones de detención en las estaciones migratorias; la creación de una Comisión Especial para investigar los casos del pasado; instaurar una mesa tripartita donde el gobierno mexicano, la sociedad civil y la CIDH sostengamos un diálogo para reformular la política migratoria; y la creación de una mesa de seguimiento para la reparación integral del daño con las víctimas de Ciudad Juárez y sus familias.
Es urgente que las personas migrantes y refugiadas en México accedan de manera efectiva a la justicia y sean respetados sus derechos, sin que tengamos que acceder a mecanismos internacionales para que las víctimas encuentren eco a sus peticiones. Sin importar la nacionalidad o situación migratoria, las personas en México deben acceder a la justicia y a la reparación del daño, como Estado lo debemos garantizar, como sociedad lo debemos exigir.
