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OPINIÓN | Sin alternativas ni soluciones, tras 44 días de actividad, cierra albergue migrante en Tláhuac

Una vez más, los espacios de la sociedad civil están realizando la labor que le compete a las autoridades federales y locales para la atención y protección de las personas en situación de movilidad. Ellas/ellos necesitan nuestro apoyo, por eso podemos buscar al albergue o casa del migrante en nuestra localidad para hacer donativos, y de esa forma poder brindar atención digna a esta población, ya que es un derecho humano.                                                                         

Debido al aumento del número de personas migrantes y solicitantes de asilo en la Ciudad de México (CDMX), los albergues y organizaciones de la sociedad civil y religiosos, recibieron una gran cantidad de personas en situación de movilidad. Lo que ellas solicitaban era un lugar donde pudieran quedarse mientras recibían información sobre sus derechos y algunas opciones de estancia en México, que les permitiera pausar el recorrido o seguir su camino al norte por una ruta menos riesgosa.

A partir del 1 de junio los trámites de la COMAR serán en los módulos del albergue de Tláhuac

Fue hasta el 29 de marzo del 2023, posterior a la lamentable muerte de 40 personas migrantes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, que el gobierno de la CDMX habilitó un albergue con una capacidad aproximada de 180 personas en la alcaldía de Tláhuac. Desde su apertura, el albergue empezó a recibir un número mucho más grande de su capacidad, por lo que se hablaba de malas condiciones de vivienda y servicios dentro de este espacio. 

Un mes después, al inicio del mes de mayo del presente año, la información no oficial sobre lo que aconteció en este espacio, cobró más relevancia, entre las organizaciones que se dedican a recibir a personas migrantes, la posibilidad de cierre del albergue debido a la falta de recursos por parte del gobierno de la CDMX. El pasado 12 de mayo, las mismas autoridades confirmaron la decisión de cerrar el albergue que habitaba a más de cuatro mil personas. 

En respuesta, las organizaciones y albergues de la sociedad civil –Casa Tochan, CAFEMIN, Casa Fuentes y Casa del Migrante Arcángel Rafael- abrieron sus puertas para esta población. De esa forma todos los albergues en la CDMX rebasaron su capacidad al recibir un gran número de personas, ya que las y los defensores de derechos humanos se niegan a dejar a las personas migrantes en situación de calle, sobre todo a las mujeres con niños niñas y adolescentes que viajan solas/os, como lo hicieron las autoridades capitalinas. 

Estas organizaciones expresaron en una carta pública (https://imumi.org/2023/05/12/carta-publica-5/ ) su consternación sobre el cierre repentino y sin ninguna alternativa del Albergue para Migrantes Tláhuac de la CDMX; lo anterior, representa una violación a la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en CDMX, entre otras a derechos humanos para las personas en situación de movilidad.

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Así mismo, como parte del ejercicio al derecho a la información se requiere saber quiénes y a dónde están transportando a las personas, así como las garantías de protección que les están ofreciendo, especialmente a las familias y niñas, niños y adolescentes. También es importante saber por qué se tomó la decisión de cerrar el albergue y a dónde deberían canalizar a las personas que siguen llegando a la CDMX para buscar hospitalidad y un lugar donde puedan descansar. 

Por su parte, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), los albergues, organizaciones, redes y universidades exigen un alto a las políticas y acciones gubernamentales que exponen la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en la CDMX. Esto debido a que fue notorio que las personas que hacían uso del albergue estaban desconcertadas y no tenían información sobre los motivos del cierre del lugar, tampoco sobre qué sucedería con sus trámites migratorios, ni a dónde serían llevadas en los autobuses. Las autoridades capitalinas presentes en ningún momento dieron información que pudiera resolver estas interrogantes, y tampoco informaron sobre alguna alternativa a las personas en situación de movilidad. Todo esto, constituye violaciones a sus derechos humanos, ya que las autoridades están obligadas a cumplir con los procedimientos y garantías para el acceso a información y a un proceso adecuado, lo cual, debe ser juzgado por las autoridades correspondientes. 

Una vez más, los espacios de la sociedad civil están realizando la labor que le compete a las autoridades federales y locales para la atención y protección de las personas en situación de movilidad. Ellas/ellos necesitan nuestro apoyo, por eso podemos buscar al albergue o casa del migrante en nuestra localidad para hacer donativos, y de esa forma poder brindar atención digna a esta población, ya que es un derecho humano.