Joe Biden hizo una serie de promesas migratorias cuando se postuló a la presidencia de Estados Unidos, en contraposición de las políticas punitivas y xenófobas del entonces presidente Donald Trump. Biden pretendía cambiar el sistema migratorio, dejar de separar a las familias en la frontera, empujar una reforma migratoria y permitir el acceso al asilo en la frontera sur estadounidense como lo establece su legislación. Sin embargo, a más de 2 años de que entró a la presidencia, las políticas implementadas no se diferencian mucho de las políticas de Donald Trump. Para muchas personas de su partido, el hecho de que Biden se ha apegado tanto a las políticas de su predecesor sorprende y genera malestar.
Una de las primeras acciones que se esperaba era la eliminación del programa “Quédate en México”, aunque reconoció que era una política inhumana y buscó ponerle fin en dos ocasiones, acciones jurídicas de estados conservadores hicieron que reestableciera esa política, poniéndole fin, aparentemente para siempre, en 2022.
Otra de sus grandes promesas fue la de terminar con Título 42, que bajo pretexto de salud pública por la COVID-19 expulsa a millones de personas a su país de origen o a México desde marzo de 2020. Realmente es una forma de controlar la frontera y restringir el derecho al asilo. Biden prometió acabar con esta medida y no ha sucedido, por un lado, por las demandas de varios estados conversadores, y por otro, porque le sigue permitiendo limitar el asilo en su país. Aparentemente podría terminar en mayo de 2023, no obstante, la administración Biden estaría implementado otra política que al igual que Título 42 limitaría el asilo. Esta nueva prohibición al tránsito requiere que la mayoría de las personas migrantes que busquen asilo en Estados Unidos primero tienen que solicitar protección y ser rechazadas en un tercer país por el que transitaron rumbo a territorio estadounidense, como México. Esta política no reconocería que muchas personas que viajan por América Latina y el Caribe buscan llegar específicamente a Estados Unidos porque no se sienten seguras en otro país -en los dos primeros años de implementadas las expulsiones bajo Título 42 a México, se documentaron más de 10 mil eventos violentos contra esta población en territorio mexicano sin que a la fecha haya una investigación y acceso a la justicia. Esta medida tampoco reconoce el hecho de que muchas de estas personas también buscan reunificarse con sus familias que ya se encuentran en Estados Unidos.
OPINIÓN | Los retos que supone la aplicación CBP One
Por otro lado, Biden también prometió aumentar el número de personas refugiadas que podrían entrar a Estados Unidos -este programa se diferencia con el de asilo, en el sentido que son personas ya aprobadas para el proceso de reasentamiento en Estados Unidos cuando llegan al país, mientras que las personas que piden asilo pueden estar dentro del país o encontrarse en algún puerto de entrada. Históricamente, la Ley de Refugiados, establecida en 1980, fijaba el máximo número de personas refugiadas aceptadas en el programa. Este número ha fluctuado a través de los años con una constancia de más de 200 mil personas por año, sin embargo, durante la administración Trump el número permitido bajo a 50 mil en 2017 y a 18 mil en 2020 (en realidad en 2020 sólo se permitió la entrada de 11 mil 814 personas). Esto representa una disminución significativa de personas refugiadas que han podido entrar a Estados Unidos desde el inicio del programa en 1980 cuando entraron más de 230 mil. Biden prometió aumentar el número a 125 mil personas por año, pero sólo han logrado reasentar a poco más de 11 mil en 2021 y alrededor de 25 mil en 2022, de acuerdo con datos del Migration Policy Institute.
Esta misma instancia señala que en vez de enfocarse en el reasentamiento de personas refugiadas, por ejemplo, la administración Biden se ha enfocado más en programas temporales que no dan una estancia regular permanente a las personas, como el TPS (Estatus de Protección Temporal), el parole para ciertas nacionalidades, y ha intentado reforzar programas como DACA para personas jóvenes que llegaron a Estados Unidos en su niñez o su adolescencia. Mientras estos programas son importantes, son esfuerzos que se pueden lograr sin cambios legislativos, pues basta con acciones ejecutivas, y no llevan a una estancia regular permanente, ni tienen un costo político. Lejos quedó la intención de buscar incidir en el Congreso para cambiar la legislación en materia migratoria y de asilo.
En resumen, lo que ha hecho la administración Biden es crear programas temporales, como parole y excepciones a Título 42, para algunas personas y nacionalidades. Por ejemplo, el programa para personas de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba permite la entrada de personas que cumplan con requisitos muy específicos y da prioridad a personas con ciertos vínculos en Estados Unidos. El parole les permitirá permanecer hasta por dos años en ese país, no obstante, no representa una estancia regular y mucho menos una vía para una estancia permanente. Entonces, aunque este programa y otros que ha impuesto Biden ponen parches sobre el sistema migratorio y de asilo de Estados Unidos, fundamentalmente no cambia el sistema que existe, que por ahora ha sobrevivido (apenas) por acciones ejecutivas pero que no mejora ni expande el sistema para permitir una estancia permanente y duradera para la mayoría de las personas buscando protección internacional, ni revoca en su totalidad las acciones que Donald Trump emprendió para socavar el sistema de asilo estadounidense.
