Desde 2015, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lleva a cabo un concurso que reconoce las mejores iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil para acercar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad o que habitan en algunos de los municipios más pobres de este país.
Se trata del Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Prosede), que otorga financiamiento para que las organizaciones, en calidad de aliadas del Instituto, realicen un proyecto a lo largo de tres meses, cuyos resultados se presentan en un foro, como el que realizaremos hoy en el INAI.
A lo largo de más de 30 años de carrera en el servicio público, siempre me he interesado en temas sensibles, que atañen no solo a los trabajos de fiscalización del gasto público, un tema que por supuesto, no es menor, sino que impactan de manera definitiva en la vida de las personas.
Estoy convencida de que antes de firmar un papel o entregar un documento, que revoca, modifica e incluso confirma la respuesta de una autoridad, o bien en mi época como Contralora de mi entidad inhabilitar a una persona para ejercer el servicio público, debemos no solo leer a profundidad, sino hacer un esfuerzo mayor por conocer los hechos más allá.
Nuestros sentidos nos ofrecen porciones de la realidad, pero una sensibilidad bien entendida nos puede ser de gran utilidad para comprenderla.
Por ello conocí cada uno de los 12 proyectos que ganaron en esta edición 2022 y soy testigo fiel del impacto positivo que han tenido entre las poblaciones a las que van dirigidos.
Los resultados me han sorprendido gratamente y confirman que es importante dejar el escritorio para poder apreciar la realidad en sus matices.
¿Quiénes fueron los ganadores de PROSEDE 2022?
Así, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, di seguimiento al proyecto “Atención multisectorial sobre el derecho de acceso a la información pública”, de Tierra Verde Naturaleza y Cultura enfocado al desarrollo sustentable en Montecristo de Guerrero, Chiapas; así como “Perspectiva de accesibilidad para eliminar barreras en el acceso a información y protección de datos personales para personas con discapacidad” de Inclusión con Equidad que han impactado de manera significativa la vida de los habitantes de las comunidades chiapanecas de Laguna del Cofre, Monte Cristo de Guerrero, Puerto Rico, así como en San Cristóbal de las Casas, los altos de Chiapas, la comunidad Xexal y pobladores de Comitán de Domínguez.
En Oaxaca, Supera Capacitación y Desarrollo llevó a cabo actividades con personas con discapacidad auditiva y benefició a más de 150 personas, entre ellas e intérpretes de lengua de señas mexicana, además de crear una guía para el reconocimiento y uso de la Plataforma Nacional de Transparencia que explica el uso de la PNT de una manera “más visual”.
Mientras que Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo implementó un aula virtual para promover el auto cuidado y la seguridad en redes sociales entre adolescentes indígenas en Santo Domingo.
En Monterrey, Despierta, Cuestiona y Actúa implementó el proyecto “Jugando por mis derechos”, cuyo objetivo implica visualizar la importancia del conocimiento, defensa y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en un escenario post pandemia en la comunidad Fomerrey 35-CROC de la zona norte de Monterrey.
En Guanajuato, conocí el trabajo que realiza Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato a través de la colaboración con productoras y productores ladrilleros a quienes enseñan el ejercicio de las libertades informativas a través de talleres y actividades prácticas.
Así también, Educando para la vida y acción social realiza el formidable trabajo de acercar nuestros derechos a mujeres que se encuentran privadas de la libertad, y cómo a través de su ejercicio es posible mejorar sus condiciones de vida.
Fundación la Planta trabaja con niños y adolescentes para sensibilizarlos en el ejercicio de los derechos que tutelamos y su importancia para conocer temas medioambientales.
En Hidalgo vi el trabajo de la Fundación Xilu Xahui, apoyo al desarrollo integral sustentable que promueve la utilización del derecho de acceso a la información como herramienta para el combate de la violencia de género y el desarrollo económico de las mujeres otomíes a través de capacitaciones a un grupo de mujeres víctimas de violencia doméstica.
El proyecto está dirigido a mujeres cineastas que desarrollaron un documental que refleja la importancia del DAI en el combate a la violencia de género y el desarrollo económico de las mujeres y promueva las herramientas de acceso a la información pública, en otomí con subtítulos al español.
El impacto de estos proyectos en el acceso a la información
El impacto del programa en su conjunto es espectacular: desde 2015 ha beneficiado a más de 4 millones de personas en 357 municipios de todo el país y 16 alcaldías de la Ciudad de México que, de una forma u otra, han aprendido a utilizar el derecho a saber a su favor.
Me siento profundamente conmovida y orgullosa de los resultados. Estoy convencida de que vale la pena explorar el trabajo de las 12 organizaciones ganadoras.
Las menciono en este espacio para no omitir a ninguna: Centro de gestión y capacitación para el desarrollo social; Fundación la Planta; Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción; la Fundación Xilu Xahui, Apoyo al desarrollo integral sustentable; Inclusión con Equidad; y el Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato.
Así como Educando para la vida y la acción social; Supera Capacitación y Desarrollo; Despierta, Cuestiona y Actúa; EGES para el Desarrollo; Tierra Verde, Naturaleza y Cultura; Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo. La información está disponible en el micrositio.
No me resta más que expresar mi gratitud y reconocimiento no sólo a los integrantes de las organizaciones que, con su trabajo, reflejan la razón de ser de este proyecto sino a los jurados que de manera generosa y profesional evalúan, año con año cada uno de los proyectos
Estoy convencida de que la brecha digital no es impedimento para que se conozca y ejerza el derecho de estar informado, a saber.
Un derecho que permite tomar decisiones o solicitar apoyos, acceso a programas y mejoras para las comunidades, y ese es el objetivo del Programa de Sensibilización de Derechos que en 2022 volvió a cumplir su objetivo: trabajar para cerrar brechas en beneficio de la sociedad.
