El 29 de agosto oficialmente regresaron a clases millones de niños mexicanos iniciando un nuevo año escolar.
Desafortunadamente, ese no fue el caso de miles de niñas y niños migrantes que se encuentran en nuestro país, ya sea de manera temporal o permanente.
La niñez y adolescencia en situación de movilidad siguen sin tener acceso a la educación, a pesar de ser un derecho que debe respetarse sin importar la nacionalidad o estatus migratorio.
México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 28 establece el derecho a la educación, y en el segundo prohíbe la discriminación basada en estatus como la residencia documentada.
Este derecho está igualmente garantizado en la normativa nacional. De hecho, en las normas de registro de la SEP se establece que todo niño, niña o adolescente debe poder inscribirse en la escuela sin importar que no tengan acta de nacimiento o CURP.
Esto se debe a que la falta de documentación es un problema común en las personas migrantes y una de las principales razones por las que no pueden acceder a sus derechos.
Asimismo, otro de los principales obstáculos en el acceso a la educación es que las autoridades —en especial aquellas del Instituto Nacional de Migración (INM)— no conocen y no reconocen este derecho, por lo tanto, no se lo informan a los niños y sus familias.
Además, los directores y el personal administrativo de las escuelas tampoco reconocen este derecho, razón por la cual, cuando los padres llevan a sus hijos a inscribirlos, no los dejan.
Por esta situación recurren a ir acompañados con personal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con las normas escritas para poder ejercer este derecho —lo cual tendrían que poder hacer de manera independiente y sin ayuda de nadie—.
Por otro lado, aquellos que solamente van de paso por México, también se encuentran con retos en el acceso a la educación, sobre todo cuando la educación no es considerada como algo esencial, a pesar de que salva vidas en situaciones de emergencia, y es un componente principal de las estrategias para la protección de la niñez.
Los niños y jóvenes que no asisten a la escuela corren un mayor riesgo de sufrir violencia, violación, prostitución, reclutamiento al crimen organizado, y otras actividades potencialmente mortales y delictivas.
Es evidente que el problema no son las leyes, porque existen muchos instrumentos que establecen y refuerzan este derecho que tiene la niñez y adolescencia, sino que el reto es pasarlo a la práctica.
Las autoridades mexicanas, como el Instituto Nacional de Migración y la COMAR, tienen que estar capacitadas para conocer estos derechos y hacérselos saber a los niños; pero también tiene que haber campañas de sensibilización a nivel nacional para que todos los conozcan, especialmente el personal administrativo de las escuelas —quienes tienden a rechazar a las personas migrantes exigiéndoles documentación que no debería ser necesaria—.
De igual manera, hay que enfocarse no solamente en que los funcionarios públicos conozcan esos derechos, sino en presionar a las instituciones (sobre todo a la SEP) para que tomen acciones concretas que garanticen el acceso a la educación a las personas migrantes —de manera que no se quede solo en lo escrito— .
También hay que reconocer los avances: hay iniciativas dentro de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en donde las mismas organizaciones o albergues han sido reconocidas por la SEP como una institución que puede impartir educación formal y expedir documentos oficiales, para que los niños puedan tomar clases dentro del albergue y obtener su reconocimiento oficial.
Es una gran iniciativa y oportunidad para aquellos que quieran continuar con sus estudios; sin embargo, es necesario que el Estado asuma sus obligaciones y no delegue responsabilidades que no le corresponden a las OSC.
