En estas vacaciones de semana santa se estima que más de 10 millones de turistas, más de 2.5 millones de otros países recorrerán las carreteras de México rumbo a pueblos mágicos, zonas arqueológicas o playas. Para algunas personas será la primera vez que saldrán luego de dos años de restricciones a la movilidad tras el inicio de la pandemia. Muchas de estas personas se trasladaran por autobús, ya que México cuenta con una red extensa y accesible de transporte. El autobús sigue siendo el medio de transporte más utilizado para viajar con más de 12 mil rutas por todo el país y 42 mil unidades de autotransporte.
Esta situación contrasta con las condiciones que enfrentan las personas migrantes y solicitantes de asilo
Que entran a México en busca de protección pero tienen prohibido subirse a un autobús a menos que comprueben una situación migratoria regular con algún documento otorgado por el Instituto Nacional de Migración (INM). En 2019, cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles a México si no frenaba la llegada de población migrante a la frontera, el INM, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras instancias, empezó a requerir que las personas mexicanas y extranjeras mostrarán una identificación oficial para comprar un boleto de autobús, aún si este requisito viola la Constitución mexicana en el caso de las personas mexicanas.
La medida pasó prácticamente desapercibida porque las y los mexicanos están acostumbrados a enseñar su identificación a la mínima solicitud, esta acción se estableció para poder detectar a las personas en condiciones migratorias irregulares y que los agentes de migración pudieran realizar una revisión migratoria, además de ser una forma de disuadir a las personas migrantes que no tuvieran un documento de identificación.
Con el incremento de personas solicitantes de asilo y migrantes llegando a México en 2021, el nuevo gobierno de Estados Unidos nuevamente presionó al gobierno mexicano a implementar medidas para detener a las personas que quisieran llegar a la frontera para pedir asilo en ese país, a pesar de la vigencia de la política de expulsiones bajo Título 42.
Esta vez, el INM, más fortalecido y gozando de impunidad amplia decidió restringir aún más la compra de boletos de autobús para las personas extranjeras requiriendo que muestren una identificación oficial y un documento migratorio. Coincidentemente esta regla se implementó en octubre de 2021 después de que llegaran miles de familias haitianas a Del Rio, Texas y el trato cruel y racista por parte de la patrulla fronteriza circulara internacionalmente.
A la semana de que entrara en vigor la medida
Las organizaciones que trabajamos con población migrante y solicitante de asilo ya habíamos recibido llamadas de personas extranjeras que se les había negado la compra de un boleto de autobús porque “el agente desconoce mi documento migratorio” o “no me quiso vender el boleto porque soy colombiana” o “mi documento migratorio está en trámite de renovación y se ha tardado 4 meses por los retrasos causados por la pandemia y no aceptan mi comprobante de trámite” o “no me quisieron vender un boleto porque dicen que mi documento no sirve” o “me quitaron mis documentos migratorios y no me quisieron vender un boleto de autobús”, etcétera.
Una de las apuestas fue poder litigar esta medida por ser contraría a nuestra Constitución, como los testimonios no tienen valor jurídico decidimos llevar a un notario a la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México para tener una fe de hechos sobre la política que tiene un objetivo claramente xenofobo y racista, además de violar las garantias constitucionales de todas las personas en territorio mexicano, incluidas las de la población mexicana.
En la Central del Norte encontramos los letreros por todos lados, en papel y en las pantallas,
así como en los anuncios en las páginas de internet de las líneas de autobuses. Como parte del recorrido y monitoreo llevamos a una persona extranjera para que intentara en varias ventanillas comprar un boleto de autobús con su pasaporte. La persona explicaba que no traía su documento migratorio porque llevaba más de una década viviendo en México y nada más quería comprar un boleto para un viaje al interior del país –no pretendía cruzar ninguna frontera. Ninguna línea de autobús le vendió un boleto.
De hecho, una taquillera de la empresa Tap dijo que la línea ya no vendía boletos a ninguna persona extranjera, con o sin documentación migratoria. Cuando se preguntó a las personas que vendían los boletos porque las líneas habían adoptado estas medidas, explicaron que se podrían meter en problemas con el INM quien los acusaría del delito de tráfico de personas si en una revisión migratoria en carretera encontraban en el autobús a alguna persona sin un documento migratorio. Hicimos un recorrido por la estación y observamos como agentes migratorios paraban y bajaban de autobuses a personas afrodescendientes. En una esquina en la sección de llegadas se podía ver una mesa de plástico con personal del INM quienes tenían a varias personas detenidas, seguramente esperando que llegara su unidad para llevarlas a la estación migratoria en Iztapalapa.
OPINIÓN | Migración por la guerra en Ucrania
Gran ironía y negocio para el crimen organizado y las autoridades del gobierno que lo facilitan.
Mientras que el gobierno mexicano empuja a las personas a contratar a traficantes -al impedirles la compra de un boleto de autobús, cuando el INM detecta a una persona migrante durante las revisiones migratorias en carretera pretende y simula un “rescate” de la persona, quien pudo haber viajado de forma segura si se le permitiera comprar un boleto y abordar un autobús.
Las personas que huyen de sus países en busca de protección son las que tienen que contratar a un pollero –pagando entre $5,000 y $20,000 dólares para ser transportadas por las carreteras de México con la esperanza de llegar con vida, mientras las personas que no necesitan protección pagan $600 pesos para llegar al mismo lugar. La misma extranjera que no pudo comprar un boleto de autobús para ir de la Ciudad de México a Monterrey, pudo subirse a un avión de la Ciudad de México a Baja California con su licencia de conducir para pasar semana santa con su familia. Mientras, el único viaje que se ofrece para las familias que no tienen recursos, que buscan protección internacional, reunificación familiar, educación y salud para sus hijas e hijos, es uno de regreso a sus países de origen –para ese autobús no se requiere ni identificación ni documento migratorio.
