Organizaciones no gubernamentales criticaron el gasto que realiza el Gobierno mexicano para perseguir a personas en situación de migración, en lugar de destinar ese dinero para garantizarles sus derechos a la salud, seguridad y trabajo.
Esto, en el marco de los diálogos que organizó el Congreso del Estado de Tlaxcala Hacia la Construcción de una Agenda Legislativa en Materia de Migración y Asilo local para reformar las leyes estatales en la materia.
Rita Robles Benítez, de la Red de Mujeres Sindicalistas, sostuvo que México tiene un contexto “tan problemático”, como el que se vive en Centroamérica y otros lugares, en relación con la migración de sus habitantes.
“Si tuviéramos trabajos dignos en este país, si tuviéramos unas vidas o unos contextos menos violentos, no tendríamos por qué huir. Si no llegaran a amenazarnos o a quemarnos nuestras casas en Michoacán, no tendríamos que huir”, apuntó.
Subrayó que existen tratados internacionales que son obligatorios en México, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de Trabajadores Migratorios que recogen el derecho que tienen la personas a gozar del trabajo y de la salud.
Aseveró que ambos instrumentos internacionales obligan a los gobiernos a destinar todos los recursos económicos para garantizar los derechos a todas las personas, incluso las que están en condición de migración porque finalmente son personas, pero en a realidad no ocurre así, y en el caso del Estado mexicano prefiere perseguir a los migrantes, a pesar de que no hay norma que alcance a detener o deportarlos por entrar de manera irregular a México y otros países.
Agregó que en el último informe que presentó el Instituto Nacional de Migración (INM), reportó más de 300 mil personas migrantes detenidas, que, a decir de ella, no son tantas como para que el Gobierno mexicano le dé prioridad a la captura y no a la garantía de derechos.
“No hay norma ni presupuesto porque, además, es inmoral gastar presupuesto para las personas migrantes para deportarlas, es el acto más inmoral que un gobierno puede hacer cuando tenemos tantas carencias en temas de salud, educación y generación de empleos”, expresó.
“Qué brutal el gasto que se está haciendo ahí para detener a 300 mil personas, habría que preguntar por qué se está destinando tanto presupuesto para detener personas y no para otras cosas”, añadió.
Comentó que para el Gobierno mexicano es más urgente la detención de migrantes, los actos de violencia discriminatorios y hasta la desaparición o asesinato de personas migrantes, como el caso que sigue sin resolverse de los 75 migrantes ejecutados en Tamaulipas, dijo que contra eso trabajan las organizaciones de la sociedad civil, mientras que las autoridades gubernamentales hacen lo contrario.
Robles Benítez señaló que el enfoque de trabajo debe cambiar y pasar de ver a las personas migrantes como migrantes, y observarlas simplemente como personas con derechos humanos, sobre todo aquellos que son universales y fundamentales como el derecho a la salud, al trabajo o a la identidad.
“Las personas migrantes justo son personas que como cualquier otra persona en el mundo tienen derechos, como cualquier otro ciudadano tienen derechos civiles y políticos, incluso tienen derechos a organizarse sindicalmente y a organizar colectivos para defender sus derechos y esto no tendría que ser atacado como un delito”, puntualizó.
