El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que planea modificar la regla de carga pública para hacerla más justa y humana, por lo que eliminarían muchas barreras implementadas por la administración Trump a las personas que buscaban la residencia permanente.
De acuerdo con el titular del DHS, Alejandro Mayorkas, la modificación que hizo Trump en 2019 no fue consistente con los valores de Estados Unidos; es por ello que se espera que los criterios de carga pública regresen a la política que había en 1999.
¿Qué es la carga pública?
Cualquier migrante que busque un ajuste de estatus o una visa para vivir en EE.UU. debe demostrar que no va a depender del gobierno para subsistir, es decir que no se volverá una carga para el país.
En pocas palabras, cualquier migrante que no pueda mantenerse a sí misma será clasificado como carga pública y se volverá inadmisible. Esto según la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
La administración Trump modificó la regla para decir que cualquier persona que necesitara beneficios como Medicaid, cupones de alimentos o cupones de vivienda durante más de 12 meses se consideraba una carga pública.
La política de los 90 clasificaba a las personas que dependían principalmente de la asistencia del gobierno; esto quiere decir que sólo afectaba a las personas que recibían más de la mitad de sus ingresos del gobierno.
Sin embargo, esta medida ya no estaba en vigor; expertos criticaron que la modificación de Trump desalentó a residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses a usar beneficios por temor a represalias.
El DHS prometió que los beneficios no monetarios como SNAP, el Programa de Seguro Médico para Niños, la mayoría de los beneficios de Medicaidno contarían en contra de los migrantes que buscan algún beneficio migratorio.
Además, no considerarán algunas asistencias por desastres; asistencia pandémica; beneficios recibidos a través de un crédito o deducción fiscal; o Seguro Social, pensiones del gobierno u otros beneficios ganados.
